La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció este viernes que destinará a lo largo de 2023 una media de 65.000 euros al día en la lucha contra la violencia machista, esto es, un total de 24 millones durante ese año. Bravo comparecía en las Cortes para presentar las líneas maestras de sus presupuesto. Entre los servicios que pasarán a financiar se encuentran los servicios de atención especializados, la asistencia gratuita a las víctimas, los nuevos juzgados dedicados a la Violencia de Género o la formación para los Cuerpos de Seguridad en esta materia. A las oficinas de denuncias de València y Castellón, se sumarán las de Alicante este año y la de Elche, el próximo. Para ayudar a las víctimas se destinarán un total de 2,3 millones. Para Bravo, las 37 oficinas de la red de oficinas de Atención a las Víctimas del Delito se han convertido en un referente en España, con 200 profesionales y que contarán con un presupuestos de 10,8 millones, 3,9 más que en 2022.

En total, el montante de los presupuestos de la Conselleria de Justicia, Interior, Administración Pública y Reformas Democráticas asciende a 717 millones, lo que supone un incremento del 10,73% respecto al año anterior. El área de Justicia se lleva buena parte de este dinero con un total de 421 millones para construir y reformar sedes judiciales, la digitalización de la Justicia y el refuerzo de plantillas. Dentro del Plan de Infraestructuras, para el que se destinan 87 millones, ha destacado, entre los proyectos previstos para la provincia, los doce millones destinados a la Ciudad de la Justicia de Alicante durante el primer año de la ejecución de los trabajos; la licitación y redacción de los proyectos de los futuros juzgados de Orihuela y Villena; la ampliación del de Dénia; o el nuevo archivo judicial de Alicante para el que están previstos tres millones.

Bravo destacó el Plan de Eficiencia Energética para los edificios judiciales para los que se han invertido 18,4 millones en 27 actuaciones que han supuesto un ahorro energético de un 15%. Para el año que viene entre las sedes incluidas en este plan energético están Novelda, Torrevieja, La Vila Joiosa, Benidorm y Elche. “Han sido siete años de mucho trabajo para que la Comunidad cuente hoy con más órganos judiciales, en mejores sedes accesibles y sostenibles; con más servicios, personal y medios y, lo que es más importante, que atienden mejor al más del millón de valencianos y valencianas que, cada año, acuden a los juzgados y, muy especialmente a las víctimas del delito y, entre ellas, a las de violencia de género”, ha afirmado durante su comparecencia. 

Justicia Gratuita

Otras partidas destacadas por la consellera son 61 millones para la Justicia gratuita, así como aumentar a 161 millones los recursos en la extinción contra los incendios forestales. En este sentido, ha considerado esencial garantizar el acceso a la justicia como servicio público en igualdad de condiciones. Con este fin, el presupuesto para Justicia Gratuita ha crecido en un 160 por ciento desde el año 2015 hasta los 62 millones de euros, que se traducirán en un aumento de las actuaciones y de las retribuciones de los profesionales del turno de oficio, que pasarán de esta manera a ser los mejores pagados de España. De hecho, la consellera ha destacado que “la Comunidad Valenciana es la única que gasta más que la media europea en Justicia Gratuita”, ya que, según revela un informe del Consejo de Europa, el gasto medio en el continente es de 8,5 euros por habitante, mientras que en España es de 6,5 y en la Comunidad es de 9,4 y, con estos presupuestos, subirá a 12,2.

Además, en 2023 seguirá creciendo la red de Justicia Próxima, compuesta por las oficinas de orientación jurídica en los municipios Justiprop y el servicio de mediación Mediaprop. Para ello y para la transformación digital de los juzgados de paz, se dedicarán casi 4 millones de euros

Según ha explicado la consellera, “las políticas de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública forman parte del gran escudo social que la Generalitat ha diseñado para afrontar los grandes retos que tenemos por delante” y ha considerado que estas cuentas “permitirán articular políticas específicas para ayudar a las familias y a las empresas en un escenario marcado por la emergencia económica y social provocada por la guerra de Ucrania”.

“La legislatura 2015-2019 fue la etapa de la restauración y recuperación de derechos y la que estamos a punto de concluir nos ha permitido construir un modelo de justicia, administración pública y seguridad y emergencias que sitúa a la Comunidad Valenciana como referente para el resto del territorio” ha asegurado Bravo, y ha destacado que “con el presupuesto de 2023 iniciamos la etapa de consolidación de todos los proyectos que siguen pivotando sobre tres ejes: una justicia eficaz y eficiente que garantice el ejercicio y la defensa de los derechos y libertades; un marco de convivencia seguro donde la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos; y una Administración que conforme ese gran motor de los servicios públicos que propicia el progreso, el desarrollo sostenible, la innovación y la cohesión económica y social”.

Para lograr estos objetivos, tal y como ha detallado Bravo, las dos direcciones generales que conforman el área de Justicia dispondrán de 498 millones de euros, la de Seguridad y Emergencias de 185 millones de euros y la de Función Pública de 16 millones de euros. 

Entre las principales novedades del proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio, la consellera ha destacado la ampliación de la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) por todo el territorio, con equipos itinerantes que darán servicio a municipios más pequeños y que contará con una inversión de 500.000 euros y la creación de la cuarta oficina especializada para víctimas de violencia de género, en Elche. Además, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública también implantará nuevos servicios de orientación jurídica especializada y de turno de oficio para atender a los afectados por la crisis energética, creará un centro de estudios jurídicos y, en materia de emergencias, implementará una unidad de análisis e inteligencia de respuesta a las emergencias. 

185 millones de euros para el Departamento de Interior

El área de Interior contará con un presupuesto de 184,9 millones de euros, un crecimiento del 10 por ciento respecto a las cuentas de 2022. Según ha asegurado la consellera durante su intervención en la comisión parlamentaria, este presupuesto se destinará a aumentar el personal que da respuesta a las emergencias; mejorar los recursos tecnológicos y las infraestructuras; impulsar más políticas de prevención; y promover la formación y especialización de los profesionales

Además, Bravo ha subrayado el aumento de la partida para extinción de incendios, que pasa de 143 millones de euros a un total de 161 millones, “la mayor inversión que jamás ha hecho la Generalitat en esa materia”. “Todas las proyecciones anticipan un incremento del riesgo de incendios y episodios metereológicos cada vez más extremos y peligrosos y estos nuevos desafíos exigen el diseño e impulso de políticas encaminadas a mejorar nuestra capacidad de anticipación ante los riesgos”, ha comentado Bravo. 

En esta línea, ha detallado los proyectos principales para reforzar las capacidades operativas del 1·1·2 a través de las nuevas tecnologías y el refuerzo para el servicio de bomberos forestales que pasa por la renovación del parque de autobombas (un millón de euros), el incremento de los componentes de las unidades helitransportadas (3 millones), la implementación de un servicio exclusivo de vigilancia aérea preventiva (un millón) o la compra de los nuevos equipos de protección individual (3 millones), además de la nueva unidad de análisis e inteligencia, dotada con 500.000 euros. 

Función Pública aumenta su presupuesto hasta los 15,78 millones

El área de Función Pública contará con un presupuesto total de 15,78 millones de euros, un 13,5 por ciento más que el año anterior, “una inversión que nos permitirá continuar avanzando en el mayor proceso de transformación y renovación de capital humano de la Generalitat desde la recuperación de nuestro autogobierno”. 

Además, ha explicado que con una inversión superior a los 10 millones de euros se pondrá en marcha la Escuela Valenciana de la Función Pública (EVAP) que se encarga de la selección y formación del personal y ha destacado además el gran esfuerzo que está realizando la Administración Pública para afrontar el relevo generacional y estabilizar las plantillas. Finalmente, la consellera también ha recordado el nuevo programa de becas para opositores, 700 euros al mes para 700 opositores, con una dotación presupuestaria de casi 2 millones de euros.