La Generalitat adjudica la Ciudad de la Justicia de Alicante a la UTE Ferrovial-Servitia
La propuesta de la unión de empresas es de 61 millones y los trabajos podrían empezar antes de fin de año
La mesa de contratación de la Generalitat Valenciana ha propuesto este viernes la adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formado por Ferrovial Construcciones y Servitia por 61 millones de euros, 25 millones por debajo del precio de licitación.
La consellera de Justicia Gabriela Bravo se ha desplazado esta mañana a Alicante para dar la noticia a los principales operadores jurídicos, entre los que se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón, el juez decano de Alicante César Martínez y el fiscal jefe Jorge Rabasa. Todavía hay que esperar plazos para que la propuesta sea firme para que se aporte la documentación y se cumplan los plazos de recursos. Bravo aseguró que habría que esperar un plazo de tres semanas para sacar la propuesta a exposición pública y a que se puedan presentar algún recursos. Tras este plazo, la adjudicataria tendrá un plazo de dos meses para iniciar la ejecución de la obra, con lo que los trabajos podrían comenzar entre diciembre y enero.
"De todas las propuestas, desde un punto de vista técnico ha sido la empresa más valorada", ha dicho Bravo. Un total de nueve mercantiles pujaban por la ejecución del proyecto que partía de un presupuesto de licitación de 85 millones de euros. El edificio se levantaría en un complejo de 45.000 metros cuadrados, con siete plantas de altura y en él se agruparían las sedes judiciales dispersas en varios edificios, entre la Audiencia, los juzgados de Benalúa, los de Pardo Jimeno y hasta otros seis locales más. El plazo de ejecución de las obras es de 36 meses, por lo que el edificio podría estar terminado en 2025.
La nueva Ciudad de la Justicia se levantará en una parcela de 5.500 metros cuadrados en el antiguo acuartelamiento de San Fernando frente a la avenida de Aguilera.
La Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Alicante quieren que la construcción vaya más allá de ser una mera sede judicial y la ven como un elemento arquitectónico para vertebrar tres barrios distintos: Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, y con una apuesta por los espacios abiertos.
Dentro del mismo edificio, habrá una plaza con vegetación abierta al público y por el que se podrá pasear. Dicha plaza dará acceso a otras dependencias, como el juzgado de guardia, el Registro Civil y el resto de las instalaciones del Palacio de Justicia. Esta potenciación de los espacios abiertos hacen posible la iluminación natural desde todos los ángulos.
La distribución del espacio ayudará también a que en los días festivos solo se tengan abiertos los servicios de guardia, manteniendo cerradas el resto de las dependencias. Dos de las plantas de sótano estarán destinadas a albergar 180 plazas de aparcamiento y los archivos del edificio; mientras que en el semisótano se ubicarán los calabozos para los detenidos y las dependencias para el Instituto de Medicina Legal. La planta baja albergará algunos de los servicios principales, desde el juzgado de guardia, la oficina de denuncias y el Registro Civil. En el primer piso se ubicarán todas las salas de vistas (un total de 23); mientras que en la segunda planta habrá otras dos especialmente habilitadas para macrojuicios; así como el centro de mediación y la secretaría de asuntos generales. La tercera, la cuarta y la quinta planta contendrían las oficinas y despachos de los distintos juzgados del edificio.
La sexta lata albergaría a la Fiscalía; mientras que la séptima quedaría como reserva para futuras ampliaciones. En el ático, se encuentra el Decanato y la secretaría de coordinación. Al edificio habría distintos accesos para los profesionales y para el público, así como conducciones especiales para evitar que los detenidos trasladados coincidan con los usuarios de las instalaciones en el tránsito por los pasillos.
Traslado de la Audiencia
Por el momento no hay fecha, ni previsión sobre un futuro traslado de la Audiencia al nuevo edificio. "Vamos poco a poco. De momento ya hemos adjudicado el contrato más importante el Plan de Infraestructuras de la Generalitat y la inversión más elevada en la provincia de Alicante. Estamos en la fase final de dar comienzo a una realidad que es que Alicante tenga por fin una Ciudad de la Justicia en condiciones y un edificio que dignifique lo que Alicante representa". Bravo recordó que "la provincia de Alicante quedó postergada en su momento por los gobiernos del Partido Popular y hemos querido revertir esa situación. Eso es lo que tenemos que destacar y que esta legislatura van a empezar las obras. Esto es una realidad que tendrá que cumplir la empresa y en un plazo máximo de tres años podremos disfrutar la Ciudad de la Justicia". Una vez que empiecen las obras tenemos que estudiar la restauración de Benalúa, porque éste seguirá siendo un edificio que quedará vinculado a uso judicial". En ese momento, se valoraría el futuro traslado de la Audiencia al Barrio de la Justicia, algo para lo que se valorarán la opinión y propuestas de los operadores jurídicos.
Críticas del PP
Por su parte, la diputada nacional del PP por Alicante, Macarena Montesinos, cargó este martes contra la consellera de Justicia, denunciando "la dejadez de Bravo para reclamar al Gobierno central más agentes e inversión para las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en la provincia" y para las que no hay dinero en los Presupuestos Generales del Estado a pesar de que necesitan reformas urgentes. Montesinos recalcó que es incomprensible que siga sin dotarse de inversiones a la Comisaría de Benidorm, a la de Alicante o las cuarteles de municipios como Xàbia, mientras el aeropuerto sigue sin los medios y agentes que necesita.
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