La concentración convocada por la Plataforma per un Finançament Just para protestar por el agravio en los Presupuestos Generales del Estado hacia la provincia de Alicante contará con una amplia representación del Gobierno valenciano. La convocatoria, programada el viernes a las 11 horas frente a la Subdelegación de Gobierno, contará con la presencia de consellers de las tres fuerzas políticas que integran el Ejecutivo autonómico, que se echarán a la calle para mostrar su disconformidad con unas cuentas que relegan a la demarcación provincial al furgón de cola en materia de inversiones y que, por tanto, según valoró el titular de Hacienda, Arcadi España, «no resultan satisfactorias».
«Me parece de justicia acudir a la concentración». Con esas palabras, el responsable de las finanzas de la Generalitat anunció ayer que él mismo acudirá a la protesta. Aunque apostilló que las cuentas se encuentran en estos momentos en pleno proceso de presentación de enmiendas en el Congreso, valoró que los números que ha hecho el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez son «inadecuados» para la provincia. No solo por el escaso esfuerzo inversor previsto en el proyecto presupuestario para 2023, sino porque resulta necesario que se salden las deudas pendientes que el Ejecutivo español mantiene con la provincia. La situación no es nueva, pues se ha venido repitiendo igualmente con gobiernos de otro signo.
España puso en parte paños calientes a la gran polémica surgida a raíz de las cuentas del Gobierno central. Subrayó que la inversión va más allá de las infraestructuras, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, medidas como la actualización de las pensiones. Pero, al fin y al cabo, eso es algo que redunda en todo el territorio estatal. El conseller reconoció que existen importantes proyectos como la conexión ferroviaria hasta el aeropuerto de Alicante-Elche que no se han ejecutado. En cualquier caso, agradeció que la Delegación del Gobierno se haya reunido con la patronal y con los sindicatos y que «dé la cara» para poder corregir esta «discriminación» y que «España sea más justa». También apeló a la unidad alcanzada entre partidos políticos, sindicatos y patronal para reivindicar juntos un trato justo hacia la provincia. Ese mismo concepto de unidad es el que se viene invocando para reformar el modelo de financiación que lastra las oportunidades de la Comunidad.
El Gobierno valenciano celebrará, precisamente, el pleno de este viernes en la ciudad de Alicante como gesto de apoyo a la concentración, lo que facilitará la participación de los consellers en la protesta. De hecho, está previsto que acuda prácticamente todo el Gobierno. Además del conseller de Hacienda, ya ha confirmado su asistencia la vicepresidenta primera, Aitana Mas (Compromís), así como el vicepresidente segundo, Héctor Illueca (Unides Podem).
Al tiempo que el Gobierno central ha destinado las peores inversiones a la provincia de Alicante, con un déficit histórico, el Consell ha sacado pecho precisamente de lo contrario. Las cuentas hilvanadas por el Ejecutivo del Botànic para el próximo ejercicio contemplan 610 millones de euros en inversiones territorializadas en la provincia, cerca del 40% del total de los recursos destinados a inversiones directas e indirectas que el Consell ha territorializado en los presupuestos de 2023 y que alcanzan los 1.531,7 millones de euros.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, afirmó que la concentración convocada en Alicante es «una muestra de unidad» porque estarán «todos los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos», y no «una cuestión de fuerza». Esta movilización renovará el manifiesto fundacional de la Plataforma per un Finançament Just, en el que se exigía un cambio de modelo de financiación, inversiones acordes al peso poblacional y la condonación de la deuda generada por esa infrafinanciación. En esta ocasión se realizará en Alicante para señalar la situación «especialmente gravosa» que sufre esta provincia en cuanto a inversiones.
Navarro señaló, en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea este martes, que Alicante recibe 85 euros por habitante y acumula un déficit de inversiones superior a 3.500 millones de euros, y se preguntó, en este sentido, «¿cómo vamos a competir en igualdad de condiciones con otros territorios?». Preguntado sobre si teme que se produzca una fractura en la representación empresarial que participará en la manifestación del próximo día 18, afirmó que «no es un acto de fuerza, es una muestra de unidad» ya que estarán todos los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos.
Navarro también reclamó el compromiso de «todos los partidos sin excepción» para solucionar la infrafinanciación y la condonación de la deuda relacionada con esta, así como una mayor eficiencia del gasto público para, por ejemplo, reducir cuellos de botella en las ayudas de los fondos europeos. «La mejora de la eficiencia del gasto público puede ser la reforma fiscal más útil, la que necesitamos todos, y no otra», afirmó.
