Compromís plantea el derecho de las embarazadas a saber si su centro puede efectuar una interrupción voluntaria

Compromís ha remarcado este jueves la necesidad de mejorar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se encuentra ahora en proceso de modificación en su trámite en el Senado. La coalición repudia en una nota "los ataques contra el aborto que se están recibiendo por parte de Vox, pero también en nuestro territorio por algunos personajes como el obispo Munilla de Alicante".

En ese sentido, el senador Carles Mulet, en trabajo conjunto con la diputada en las Cortes Valencianas Mònica Àlvaro, han presentado una serie de enmiendas que "en el actual contexto de intento de involución por parte de la derecha y la extremaderecha son más necesarias que nunca para proteger los derechos de las mujeres". Unos posicionamientos ultra de presión sobre las mujeres en Castilla y León que, como Àlvaro, “tienen su continuidad en nuestro territorio con posturas como las del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, más propias de un dirigente de la extremaderecha que de un representante de la Iglesia”.

Enmiendas

En concreto, Compromís destaca las enmiendas con que se blinda la información que tienen derecho a recibir las mujeres embarazadas. Así la coalición plantea que la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia, una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que manifestarse con antelación, por escrito y tiene que ser conocido por las pacientes al inicio del embarazo.

Según explica Àlvaro, en la actualidad no en todos los departamentos de la sanidad pública es factible ejercer el derecho en la interrupción voluntaria del embarazo que depende de si existe personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, este es un dato que, por privacidad, no se hace público. Por lo que no resulta extraño que, en la práctica, una mujer cuyo embarazo inicialmente normal se complique o se diagnostiquen anomalías, y decidiendo la interrupción de este, se dé cuenta en ese momento que no puede ejercer su derecho en el centro sanitario público donde estaba siendo atendida. “La mujer tiene que conocer siempre y al inicio de su embarazo si el centro sanitario al cual está adscrita tiene la capacidad de efectuar en sus instalaciones y con su personal, una interrupción voluntaria del embarazo, sin que esto mengüe el derecho a la objeción del personal sanitario”.

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La otra enmienda sobre el derecho a recibir información presentada por Compromís establece que los centros sanitarios en los cuales se lleve a cabo la interrupción voluntaria del embarazo proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno de los métodos y centro, previa información de los riesgos y efectos secundarios de ambos métodos y teniendo en cuenta la voluntad de la paciente y su elección entre un método u otro.

Para Àlvaro “es fundamental que la información sobre los procesos y sus efectos secundarios y la elección de un método u otro sean informados a la mujer destinataria de los mismos y su elección tiene que ser tenida en cuenta”.

Gobierno autonómico

Por su parte, Mulet ha señalado que “hemos visto cómo desde el gobierno de Castilla y León se nos quiere retrotraer a posicionamientos dignos de siglos anteriores. Hay que recordar que ese es un Gobierno en que participa el Partido Popular con la extremaderecha, que es el adelanto de lo que pasaría si llegara esta gentuza a gobernar en el Estado. Son posicionamientos que en la Europa avanzada solo está defendiendo la Hungría de Orban, es decir la extremaderecha más extremista y frente a esto lo que queremos es reivindicar una legislación que sea lo más garantista posible para las mujeres”.

“Lo que está pasando en Castilla y León, atemorizar y culpabilizar a las mujeres, quitarles derechos que tenían logrados, está en el ADN de la extremaderecha, por eso son también responsables los que pactan con ellos, el Partido Popular”, ha concluido el senador de Compromís.