El registro de "lobbies" del Consell: 611 grupos de interés, solo un centenar en Alicante

Hace casi un año, justo el pasado 17 de febrero, empezó a funcionar el Registro de Grupo de Interés de la Generalitat (Regia). El objetivo principal era contar con una relación de los «lobbies» de la Comunidad Valenciana o que querían ejercer la defensa de sus intereses en el territorio valenciano. Fue un paso más en la didáctica de la transparencia y un nuevo pulso entre las formaciones del Botànic y el hecho fue que el proceso de creación se dilató tres años, nada más y nada menos que tres años, desde que se aprobara la Ley 25/2018 y el decreto que regulaba el registro. 

Superados los desencuentros, la plataforma se abrió y las entidades comenzaron la inscripción. Desde entonces, la Conselleria de Transparencia ha registrado 611 grupos de interés (318 se apuntaron durante los tres meses voluntarios). 

«La puesta en marcha de Regia, como el resto de herramientas de transparencia, supone un cambio de cultura en la gobernanza. Las más de 600 entidades que se han inscrito demuestran que el registro funciona y que va a servir para que tanto ellas como el resto de la ciudadanía conozcan un poco mejor cómo se toman las decisiones públicas y se elaboran las políticas», comenta Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.

Las primeras en cuestionar la operatividad de esta iniciativa fueron las asociaciones empresariales, pues dudaban de que la Generalitat tuviera los recursos necesarios para que la información fuera útil. En este sentido, Pérez Garijo hace un balance muy pegado a la realidad. «Este ha sido el año de la puesta en marcha. De momento, la mayor parte de acciones han ido encaminadas a informar de su funcionamiento y a formar a los agentes que intervienen sobre cómo y por qué han de inscribirse».

Desde la conselleria indican que, hasta el momento, solo Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha disponían de un registro de grupos de interés. Por lo tanto, la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía en ponerlo en marcha.

Para la titular de Transparencia, «las asociaciones, y en concreto las empresariales, han acogido este nuevo instrumento con naturalidad y se han ido inscribiendo. Saben que el objetivo es crear un marco donde nadie haga trampas a la hora de contratar con el sector público u obtener cualquier tipo de ayuda o subvención». 

La dirigente de Unides Podem cree que este registro es «un paso más en transparencia, pero también es una garantía para la integridad pública y en la eficiencia del uso de los recursos públicos y la competitividad real de las empresas».

Los datos

Ahora que Regia es obligatorio para todas las asociaciones, entidades y particulares que quieran una reunión con un alto cargo de la Administración autonómica, nos encontramos con una relación de 611 grupos. El 90% pertenece a las categorías 2 (organizaciones empresariales, comerciales o profesionales) y 3 (organizaciones no gubernamentales). Entre ellas, están las grandes patronales, empezando por la CEV y acabando por Hosbec o Ibiae.

Según su sede social, encontramos a 107 en la provincia de Alicante, 50 en la de Castellón, 356 en Valencia, y el restante centenar se reparten básicamente entre Madrid y Barcelona. Los «lobbies» alicantinos giran alrededor del ámbito turístico. El grueso son las asociaciones conocidas como la de Apartamentos Turísticos, Alicante Cruceros, Campos de Golf, entre otras. 

Cuestiones que llaman la atención: solo hay una asociación vecinal, la de Tabarca; y apenas cuatro empresas y una asociación nacional (Unión Vegetarian Española, UVE). 

Huella normativa

Pero el quid de la cuestión no radica en la relación, sino en el uso de la información. Transparencia lo sabe y es lo que demanda los expertos: que la información se pueda cruzar y que, al final del recorrido, lo importante es saber qué temas se han tratado, una cuestión que parece lejana aún. 

El instrumento que daría esas respuestas está creado y es la huella normativa. La web de Regia describe cómo sería ese esquema de flujo de la información, pero para que fuera posible sería imprescindible que se publicara toda la información y que se automatizara el cruce de las mismas. 

Otra de las críticas es que esta ley y registro se circunscribe exclusivamente a Generalitat y deja fuera a las Cortes Valencianas, que tienen autonomía reglamentaria, y a los ayuntamientos, al menos los de las grandes ciudades, y diputaciones.