Los retos para la nueva etapa en la Diputación: agua, palacios de congresos y sedes provinciales

Nueva etapa en la Diputación de Alicante para el estreno de un nuevo curso político. Finalizado el periodo con el ahora jefe del Consell, Carlos Mazón, al frente, la institución provincial estrena una etapa con el también popular Toni Pérez como presidente de la Diputación y mayoría absoluta de los suyos. Los desafíos en el horizonte también son múltiples para la Diputación, cuyos diputados ya empezarán a trabajar en los presupuestos del próximo año y tendrán que afrontar otros retos destacados para defender los intereses de la provincia, en cuestiones como la del agua o la del sector turístico. 

En materia de infraestructuras también hay mucho por delante, ya que la institución provincial trabaja en la puesta en marcha de dos nuevas sedes, que estarán ubicadas en Elche y Benidorm, así como en los proyectos de los palacios de congresos que está previsto que se construyan en Alicante y Elche con el impulso de la Diputación. Por último, una de las mayores polémicas del pasado mandato, la del Fondo de Cooperación, sigue presente, aunque, en esta ocasión, Carlos Mazón y Toni Pérez están alineados en este asunto.

Toni Pérez aboga por la continuidad de la política de Mazón en la Diputación

Una de las primeras labores de los nuevos diputados será la de comenzar a confeccionar el presupuesto de la Diputación de cara a 2024. Cuestiones como el Fondo de Cooperación o la supresión del IAE provocaron que el año pasado el equipo de gobierno, formado en aquel entonces por el PP y Ciudadanos, tuviera que sacar adelante las cuentas en solitario, sin el apoyo del PSPV ni de Compromís, la única vez en los cuatro años de mandato que se dio esta situación. El presupuesto de 2023 en la Diputación alcanzó los 284 millones de euros, una cifra a la que posteriormente se le sumaron otros 161 millones de fondos extraordinarios.

Toni Pérez ha sido el primero en destacar que la Diputación va a trabajar firmemente en la defensa de los intereses de la provincia en sus sectores económicos estratégicos, como el turismo, y en lo referente al recorte del trasvase Tajo-Segura. Sin ir más lejos, esta misma semana desde el Palacio Provincial se ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que frene el recorte. Los servicios jurídicos de la institución provincial han reiterado que la reducción de recursos hídricos causará pérdidas de más de 84 millones y la destrucción de 2.400 empleos y sostienen que los caudales ecológicos del Gobierno son «arbitrarios».

Impulso

El nuevo curso político tiene que ser fundamental para impulsar algunos de los proyectos que tiene la Diputación en marcha. Entre ellos se encuentran los de las dos nuevas sedes con las que la institución contará en la provincia, en Elche y Benidorm. En el caso de la ciudad ilicitana, la Diputación se asentará en el céntrico edificio de la Fundación Mediterráneo, cuya adquisición se situó en torno a los 6,5 millones y en la que se tiene que llevar a cabo un proyecto de reforma en el interior. En cuanto a la capital turística de la Costa Blanca, en uno de los últimos plenos del pasado mandato, celebrado en el mes de junio, se dio luz verde a la adquisición de un inmueble por valor de 5,2 millones en el centro del municipio. 

El avance en la construcción de dos palacios de congresos, en Alicante y Elche, también ocupará un apartado relevante en la agenda del nuevo curso. En el caso de Alicante, la selección del proyecto durará, al menos, hasta noviembre, después de que hasta la Diputación haya llegado un centenar de propuestas. Por lo que hace referencia a Elche, el Ayuntamiento ilicitano recibió a principios de julio un pago de la institución provincial de 4,4 millones para adquirir los terrenos en los que se levantará la edificación. El objetivo es que el proyecto, anunciado en diciembre de 2018, se haga realidad a lo largo del presente mandato.

Por último, queda la cuestión del Fondo de Cooperación, un asunto sobre el que Toni Pérez ya ha advertido de que va a seguir la línea marcada por su antecesor en el cargo, un Mazón que se mostró muy beligerante contra el proyecto del Botànic, hasta el extremo de que el programa inversor está judicializado en estos momentos.