La CEV y Asaja cifran en 421 millones de euros las inversiones urgentes para regadío en la provincia

Red para la distribución de los caudales procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó y reaprovechamiento de aguas residuales. Esas son las actuaciones de emergencia, todas ellas correspondientes a la provincia de Alicante, que han quedado recogidas en el documento sobre infraestructuras hídricas prioritarias en la Comunidad Valenciana que fue presentado este lunes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por parte de la patronal CEV y Asaja. Se trata de obras por valor de 421 millones de euros, que forman parte de la inversión global de 2.264 millones que se reivindica para el conjunto del territorio autonómico. El jefe del Consell aseguró que asumirá la parte que le corresponde a la Generalitat en estas inversiones, al tiempo que reclamó al Gobierno central que actúe para evitar que «el desierto entre en Europa por la Comunidad Valenciana».

El documento se le trasladó a Mazón en una reunión que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, a la cual asistieron el presidente de la CEV, Salvador Navarro; de la comisión del agua de esta misma organización, Jordi Azorín; de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; y de Asaja Castellón, José Vicente Guinot.

El informe en cuestión, elaborado por la CEV en colaboración con Asaja, recoge 235 actuaciones hídricas que se consideran prioritarias para la Comunidad. Así, de los 2.264 millones en los que están presupuestadas, el principal capítulo es el del regadío, con 1.171 millones. A continuación se reclaman 317 millones para abastecimiento urbano, 288 para saneamiento y depuración, 263 para reutilización, 103 para desalinización, 48 para regulación, 29 para abastecimiento, 20 para defensa contra avenidas y 24 para otras infraestructuras. De esta suma, 894 millones tendrían que ser asumidos por la Generalitat, y 1.186 millones por el Estado, 587,25 de ellos de forma directa, y 420 por Acuamed, 91,77 por la Mancomunidad de Canales de Taibilla, 86,59 por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias y 0,38 por Puertos del Estado. Asimismo, aparecen 151 millones que tendrían que ser invertidos por ayuntamientos y 11,9 por los usuarios.

Del conjunto de actuaciones, el estudio destaca un apartado valorado en 421,5 millones de euros de las obras que se consideran de emergencia ante los recortes en el trasvase Tajo-Segura y la sobrexplotación de los acuíferos. Y es que, para los regantes alicantinos, la prioridad, una vez garantizado el trasvase Júcar-Vinalopó para diez años, es la ejecución de las infraestructuras de distribución del agua. Así, se reclaman 115 millones a la Generalitat para finalizar las obras de conducción del trasvase, a los que se suman, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, 90 millones para las instalaciones fotovoltaicas de bombeo de agua y 43 para la reparación de las filtraciones del embalse de San Diego. También se solicita, en este ámbito, la modificación de las normas de explotación del trasvase y la concesión de las autorizaciones pertinentes.

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Dentro de estas actuaciones de emergencia, asimismo, queda recogido el denominado Plan Vertido 0, destinado al aprovechamiento de aguas residuales, con 80 millones a cargo de la Generalitat para la adaptación de depuradoras, incluida la del barrio alicantino de San Gabriel, y otros 80 del ministerio para interconexiones, depósitos y otras instalaciones. Asimismo, se incluye un capítulo para la sustitución de extracciones de aguas subterráneas en el Vinalopó y l'Alacantí, con 6,5 millones para instalaciones fotovoltaicas de bombeo de agua, y 6,7 para un depósito de regulación en la desaladora de Mutxamel. Ambas actuaciones deberían correr a cargo del ministerio.

Carlos Mazón se mostró receptivo ante las reivindicaciones de la CEV y Asaja, asegurando que la Generalitat «asumirá su compromiso» con la parte de las inversiones que le corresponde. En cualquier caso, también tuvo un mensaje para el Gobierno central, al que le reclamó un calendario serio y un compromiso riguroso para ejecutar estas obras. También instó a los grupos políticos de la oposición a nombrar a sus representantes en la Mesa del Agua, avanzando que la CEV y las cinco universidades públicas ya lo han hecho. Asimismo, y en un acto celebrado antes de la reunión, Mazón ya había criticado al Ejecutivo central por establecer para los trasvases caudales que «no son ecológicos, sino políticos». Salvador Navarro, por su parte, destacó que el jefe del Consell ha hecho suyas las conclusiones de este informe que, añadió, busca «la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana».