"El Consell tiene información suficiente para tomar decisiones con los informes de la Sindicatura de Comptes"

Vicent Cucarella es Síndic Major de Comptes desde el año 2016. Economista e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha liderado la institución durante los últimos ocho años, un periodo en el que la Sindicatura ha logrado situarse entre los órganos fiscalizadores de referencia de España. 

Esta semana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba una auditoría externa a todo el sector público ante las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura de Comptes y otras entidades fiscalizadoras así como el cierre de seis empresas públicas por "duplicidades" con otras ya existentes. Ante esta medida, el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, se pronuncia sobre una situación "anómala".

¿Son las irregularidades detectadas por los informes de la Sindicatura de Comptes lo que ha llevado al Consell a solicitar una auditoría externa?

Normalmente, nosotros somos el órgano de control externo de la administración, el que hace este tipo de auditorias. Lo poco que sabemos de este asunto lo hemos conocido por la prensa y, por lo que hemos podido leer, parece que se va a hacer una investigación interna, que es diferente a una auditoría. En este caso, da la impresión de que han detectado un problema y que, por ello, han contratado una investigación para sacar a la luz todo lo que haya. Lo que no sabemos es qué tipo de informe pretenden obtener ni a qué irregularidades se refieren.

"Habría que preguntarle a la Generalitat qué clase de investigación quieren hacer"

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¿Cuál es la diferencia?

En nuestro informe siempre hacemos hincapié en cuestiones concretas, como el exceso de expedientes de enriquecimiento injusto o el mal uso de los contratos menores. Aunque son prácticas que están contempladas en la ley, están destinadas a casos muy puntuales y no se debería abusar de ellas. Por ello, resaltamos la necesidad de tomar medidas para evitar este tipo de situaciones, pero creo que lo que se está discutiendo actualmente no tiene nada que ver con este tema. Habría que preguntarle a la Generalitat qué clase de investigación quiere hacer. 

Con los informes de auditoria presentados en diciembre, ¿es necesario indagar más?

Depende de lo que se esté buscando. En los últimos informes que hemos elaborado no hemos detectado indicios de responsabilidad contable, pero no creo que ese sea el tipo de informe que el gobierno de la Generalitat pretende realizar. En nuestros informes, ya sea en auditorías financieras, auditorías de legalidad o auditorías operativas relacionadas con la eficiencia y eficacia, hay información suficiente para tomar decisiones e identificar incumplimientos que deben corregirse, así como gestionar de manera más eficiente. Si hubiera indicios de responsabilidad contable, sería lógico profundizar más, pero no los hay. 

¿Consideran que es un desprestigio a su trabajo?

No he interpretado esto como un ataque a nuestro trabajo, sino todo lo contrario. En ningún momento he sentido que se cuestionara a la institución ni nada por el estilo. Más bien, percibo que gracias a nuestros informes de intervención se ha considerado necesario profundizar en ciertos temas. Es nuestro trabajo realizar auditorías y fiscalizar el sector público, pero según lo que he leído parece que eso no es lo que se pretendía.

"No entendemos esta auditoría externa como un ataque a nuestro trabajo, pensamos que responde a los deseos de la Generalitat de hacer una investigación"

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En su experiencia, ¿es habitual que cuando cambia el gobierno se soliciten este tipo de expedientes?

Sí, este tipo de investigaciones han existido en el pasado, no necesariamente auditorías, pero a lo largo de la historia de los gobiernos suele ocurrir que con un cambio de administración, algunos intentan llevar a cabo investigaciones para comprender el estado de algún aspecto específico. Sin embargo, en los últimos años, no recuerdo que se haya realizado algo similar. Ahora se habla de una "investigación forensic", que se centra más en buscar casos concretos de fraude y corrupción, pero no sabemos exactamente qué podría ser.

Se habla también del cierre de seis empresas públicas...

De las agencias se ha anunciado que se pretenden eliminar algunas de ellas, pero realmente la mayoría no están en funcionamiento. Algunas sí están creadas, pero no tienen entidad y aún no cuentan con personal. Tampoco se va a ahorrar por eliminarlas. Si en el fondo el objetivo para el cual fueron creadas tiene sentido el servicio se acabará prestando por esta entidad o por la propia conselleria. En este caso, creo que esta investigación se está enfocando de manera equivocada, en el fondo, lo que deberían hacer es verificar si el objetivo con el que nacen estas instituciones es importante o interesante para la sociedad y decidir sobre ello. 

La Sindicatura lleva años informando de otras irregularidades, como del exceso de contratos menores...

Los contratos menores normalmente están demonizados. Sin embargo, existen y son totalmente legales. El problema surge cuando una contratación que no debería ser menor por su importe se trocea para evitar el proceso completo de licitación pública y abierta. Esto es lo que desde la Sindicatura hemos criticado en más de una ocasión. Luego pueden darse por falta de planificación y eso lo resaltamos en nuestros informes como algo a evitar. Es importante destacar que no es que los contratos menores estén mal, sino que lo que está mal es trocear contratos. 

Mazón eliminará seis empresas públicas y anuncia una auditoría a todo el sector instrumental

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Pasa lo mismo con los expedientes de enriquecimiento injusto.

Igual. Un expediente de enriquecimiento injusto, aunque contemplado por la ley, no debería generalizarse. En el ejercicio de 2022, identificamos 611 expedientes de este tipo. Estos se utilizan para pagar servicios ya prestados al sector público que no se pudieron abonar en su momento debido a la falta de presupuesto. Aunque esta práctica está contemplada para casos específicos, en 2022 se pagaron más de 1.300 millones de euros de esta forma y a finales de 2022 ya había más de 1.500 millones comprometidos, lo que significa que el próximo año habrá muchos más expedientes similares y no observamos mejoras en esta área.

¿Qué piensa el Síndic Major cuando ve que no se pone solución a estas situaciones?

En la Sindicatura siempre tenemos una doble impresión. Por una parte, vemos que se están consiguiendo mejoras en el sector público gracias a nuestros informes, y eso es algo que nos satisface mucho. Pero, por otra parte, observamos que no se avanza tanto como se debería. Entendemos que a veces es difícil cambiar dinámicas y formas de trabajar, pero tampoco se presta la atención debida para mejorarlo, como con los expedientes de enriquecimiento injusto. Los responsables políticos deben tomar decisiones para abordar este problema, pero hay que moverse para lograrlo. 

"En el ejercicio de 2022, identificamos 611 expedientes de enriquecimiento injusto y no observamos mejoras en este área"

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La cúpula del organismo que usted dirige debería haberse renovado en junio de 2022 pero sigue estancada.

Efectivamente, la Sindicatura debería haberse renovado hace año y medio. En su momento, tengo constancia de que hubo reuniones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Después de las elecciones sabemos que hubo negociaciones pero no se alcanzó ningún consenso. La renovación de estos órganos requiere el apoyo de tres quintas partes de las Cortes, lo que implica que el gobierno deberá contar con el respaldo de la oposición. Esto requiere que los parlamentarios lleguen a un acuerdo y desconozco en qué estado se encuentra actualmente el proceso.