El portavoz de la Conferencia Episcopal, dice "sí a la asignatura de Ciudadanía, pero no así"

El obispo portavoz recalcó que "responderemos a la providencia cuando la recibamos, se estudiará y se responderá de acuerdo con lo que el Sr. Juez pide", dentro de las competencias que corresponden a la Conferencia Episcopal, y desde el ánimo, "como no puede ser menos, de colaboración absoluta con la Justicia".

Los archivos parroquiales, dijo Martínez Camino, son públicos para los propios interesados, para los historiadores y para todos aquellos que tienen alguna "causa justa" para ello, con arreglo a una reglamentación; "son públicos en el sentido de que son accesibles", precisó.

Sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), cuestión por la que también fue preguntado durante la rueda de prensa, Camino afirmó que EpC se está impartiendo "en todos los colegios católicos por imperativo legal, salvo en algunos que han optado libremente por no darla".

Y es por imperativo legal, explicó, porque como está desarrollada en los decretos, no en la ley, es contraria a la Doctrina de la Iglesia católica. No estamos en contra de la asignatura, dijo, sino en sus contenidos "porque se invaden estatalmente y de forma obligatoria" las competencias de los padres respecto de la formación moral de sus hijos.

"No se puede imponer a nadie, recalcó, ningún tipo de conciencia moral, ni siquiera la católica, ni unos principios morales contrarios a la moral de la Iglesia. Por ello, Ciudadanía sí, pero no así".

En relación con la Ley de Memoria Histórica, cuestión reabierta tras la providencia del juez Garzón, Martínez Camino dijo que la Conferencia Episcopal no ha realizado ningún pronunciamiento oficial sobre la misma, si bien, recordó, existe una exhortación dentro de un documento de 2006, en el que se advierte para que no se ponga en peligro la reconciliación conseguida a lo largo de la democracia.

El documento es una instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2006 y titulado "Orientaciones morales ante la situación actual de España".

Al parecer, dice el punto 7 de este documento, "quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes. Pero todos debemos procurar que no se deterioren ni se dilapiden los bienes alcanzados.

Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada".

"Una utilización de la 'memoria histórica', guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados.

Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia".

Por ello, agregó el portavoz de la CEE, si la ley pudiera poner en peligro la convivencia y reconciliación alcanzadas, "sería innecesaria", sin perjuicio de que todas las personas y familias de las víctimas de un bando u otro, tengan el derecho a realizar todas las acciones necesarias para conocer el paradero de sus seres queridos y dónde están enterrados.

Entre los mártires de la Guerra Civil reconocidos por la Iglesia, añadió, hay muchos que no sabemos todavía dónde están enterrados; u00A1ojalá que se sepa, pero que esa búsqueda no altere la convivencia y la reconciliación", indicó Camino.

Dentro del orden del día fijado por la Comisión Permanente de los obispos para la Asamblea Plenaria de noviembre, figura la elección de la sede del Congreso Eucarístico Nacional de 2010, entre las cuatro propuestas presentadas por las diócesis, y que son Barcelona, Granada, Lugo y Toledo.