José Gabaldón, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha advertido a los parlamentarios del peligro que supone "atribuir a una persona la facultad legal de disponer de la vida de otra".
La futura normativa, que promueven PSOE e IU es, para el jurista y presidente honorario del Foro Español de la Familia, totalmente inconstitucional.
Ha advertido de que, si llega a aprobarse, no habrá forma de oponerse con "legitimación" a la pena de muerte o a otras actividades letales que atenten contra la vida humana.
Gabaldón ha esgrimido que la Constitución reconoce el derecho a la vida y que el Tribunal Constitucional ha suscrito que el Estado tiene el deber de protegerla y de no interrumpir la gestación.
Ha recordado que cuando el TC se pronunció acerca de la impugnación de la Ley del Aborto, admitió "determinados supuestos muy concretos" en los que se podía interrumpir el embarazo, lo que no significa "justificarlo", sino "despenalizarlo".
En aquel momento "muchos no tenían claro que la vida del ser humano empieza con la fecundación" y, de alguna manera, "se puso en parangón" el derecho del no nacido con otros de la mujer.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, invitado por los socialistas, ha sido tajante al afirmar que "el problema no es si una Ley de Plazos sería o no inconstitucional", sino que "únicamente una Ley de Plazos es constitucional".
Pérez Royo ha expuesto que la decisión "sustancial" tiene que ser de la mujer embarazada, porque abortar es su "derecho constitucional", y "no es una conducta antijurídica que tiene que ser exonerada de responsabilidad penal en algunos supuestos".
Ha manifestado que este derecho se ampara en el "principio de igualdad" y en la "legitimación democrática del Estado en el proceso de formación de la voluntad general".
El aborto es "un problema único en el mundo del Derecho", ha matizado, en el sentido de que solamente se le puede plantear al 50 por ciento de la población -las mujeres-.
Para el ponente, los hombres están desvinculados de esta decisión, ya que, aunque el padre "sea parte afectada no es portador del hijo".
Pérez Royo ha relatado que el hijo no es tanto del padre como de la madre, porque "entre otras cosas no se sabe; se sabe o no se sabe, o sólo se puede saber a posteriori". "Las estadísticas indican que el 7 por ciento de los hijos que nacen no son del marido sino que son de otra persona distinta", ha comentado.
"La que es portadora del hijo es la mujer, y la que es portadora de derechos fundamentales es la mujer y frente a ella no hay ninguna persona que sea titular de derechos fundamentales que se le pueda enfrentar", ha argüido.
En este sentido, ha suscrito que el nasciturus "no es una persona" porque considerarlo así "no lo dice nadie jurídicamente, ni siquiera el Tribunal Constitucional español".
La notaria y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Isabel Estapé, ha expuesto la visión económica de este debate, a petición del PP, al tiempo que ha denunciado la aprobación de una nueva Ley que "más que probablemente" será "inconstitucional".
Estapé ha manifestado que el aborto hace peligrar el estado de bienestar, ya que es una causa más de que no haya reemplazo generacional y será "absolutamente imposible" mantenerlo con los bajos índices de natalidad actuales.
La economista cree que los países capitalistas utilizan estas prácticas de control de la natalidad "como instrumento de dominación de las capas menos pudientes y desfavorecidas".
