El 7% de las trabajadoras de prisiones han sufrido violencia sexual por parte de compañeros

Las cárceles, centros de justicia juvenil y otras instituciones del ámbito de ejecución penal "son espacios peligrosos para sus trabajadoras", apunta un estudio hecho público este viernes por el Departament de Justícia de Cataluña. Y en un grueso de los casos, los agresores son los propios compañeros. Los números que abonan esta incómoda realidad surgen de una encuesta elaborada por la 'conselleria': el 7% de profesionales que trabajan en cárceles y centros de justicia juvenil declara que alguna vez en los últimos cinco años han sufrido "abusos o agresiones sexuales" -acercamientos, rozamientos, insinuaciones, tocamientos o exhibicionismo- por parte de colegas o jefes (hasta un 10% en el caso de los usuarios). Y el 4% de las empleadas también denuncia haber sufrido violencia física procedente del entorno profesional. Esto es, empujones, golpes, bofetones o lanzamiento de objetos.

Vaya por delante que el mundo penitenciario no es ninguna excepción ni casi aislado, teniendo en cuenta que, según la Encuesta sobre violencias machistas de Cataluña de 2021 del Departament d’Interior, el 15,3 % de las mujeres han estado víctimas de alguna agresión sexual por parte de hombres del entorno laboral. Aun así, con el propósito tanto de revertir esta dinámica hostil así como los bajos niveles de denuncia -casi el 90% de mujeres que han sufrido algún episodio de violencia machista por parte de un compañero no lo ha denunciado-, la conselleria ha activado una batería de medidas enfocadas a la prevención, la detecció y la intervención en estos casos. En este sentido, cada centro de trabajo tendrá una figura referente que arrojará luz sobre el protocolo y acompañará y orientará a las afectadas que denuncien este tipo de agresiones. 

Realidad invisibilizada

"Trabajaremos para garantizar entornos laborales seguros, cómodos y libres de machismo", ha afirmado la consellera Gemma Ubasart, quien ha vindicado que precisamente "haciendo públicos los datos" se suman a un "cambio imparable e imprescindible". Más allá de las palabras, hay trabajo por delante. Lo cierto es que la primera encuesta sobre violencia machista en el entorno laboral que ha realizado la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, Drets i Memòria ha hecho aflorar una realidad absolutamente invisibilizada cuando se habla de seguridad en los centros penitenciarios y de menores.

Aquí van algunos datos. El estudio, en el que han participado 1.518 profesionales -41,2% hombres, 58,3 mujeres y 0,5% personas no binarias-, arroja las siguientes coordenadas. Por ejemplo, el 52% de las mujeres encuestadas mantiene que han sufrido algún tipo de discriminación laboral por parte de colegas, jefes o subordinados hombres. Cuatro de cada diez entrevistadas afirma que se "ha dado prioridad a un hombre para ascender a pesar de tener menos méritos que ella" y casi la mitad asegura que se le "han asignado tareas de responsabilidad inferior a las que le corresponderían por su categoría profesional".

Testigos mudos

Más realidades que desnuda el estudio, realizado por el Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, la Comissió Tècnica per a la Igualtat de Gènere i la Prevenció de les Violències Masclistes en l’Execució Penal y la Universitat Pompeu Fabra. A pesar de que más de la mitad de las mujeres no estaban solas cuando sucedieron los episodios relatados, en el 82% de los casos ningún testimonio intervino. "Un porcentaje muy alto de hombres -el 85%- no reconoce ni identifica las situaciones de discriminación laboral y acoso a las que están expuestas las mujeres profesionales -mantiene el estudio-. Además, también invisibilizan las violencias físicas y sexuales tanto sean explícitas como no, lo que es especialmente grave".

Ante estas coordenadas, y más allá del referente en el acompañamiento de las denuncias, la conselleria se propone dar una zancada en la erradicación de este tipo de episodios impulsando políticas de género y prevención; el "refuerzo de una cultura institucional no sexista" -con formación y campañas de sensibilización que reviertan en la detección de casos-, y el "apoyo y acompañamiento a las profesionales afectadas".