2022, el año más violento para los trabajadores sanitarios en la última década

Más de 339 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria. Pero, quienes les asisten, siguen siendo objetivo de ataques, secuestros, criminalización, lesiones y, a veces, homicidios. Los ataques contra el personal sanitario y sus instalaciones siguen mostrando tendencias preocupantes: 2022 fue el año más violento de la última década, con un aumento del 45% respecto a 2021. Se produjeron 1.989 ataques y amenazas contra instalaciones y personal sanitario, con 232 trabajadores muertos, 298 secuestrados y 294 detenidos, según la Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos (SHCC, por sus siglas en inglés).

Con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se conmemora el 19 de agosto, las organizaciones Médicos del Mundo, Handicap International-Humanity & Inclusion y Acción contra el Hambre han publicado el informe conjunto 'El trabajo humanitario en riesgo: fomentar la protección del personal humanitario y sanitario para asegurar el acceso a la ayuda'. Un documento que aporta una visión general de los desafíos y las principales demandas de las ONG para proteger mejor a los trabajadores humanitarios y sanitarios.

Las organizaciones destacan en su informe -elaborado entre febrero y junio de 2023-, tres focos prioritarios donde actuar con celeridad: los conflictos y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario están entre las principales amenazas; la necesidad de proteger al personal humanitario de salud local, que se encuentra entre los más expuestos, y la falta de financiación para garantizar la seguridad de esos trabajadores.

Los datos

En 2022, se registraron al menos 439 ataques contra personal humanitario en la Base de Datos de Seguridad para Trabajadores Humanitarios. Fue el año más violento para el personal de la salud en una década, se incide en el trabajo. Se contabilizaron 1.989 incidentes violentos contra instalaciones y personal de la salud, lo que desencadenó 232 muertes entre profesionales de este ámbito. Alrededor de veinte países, incluidos Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Myanmar y Ucrania, son particularmente peligrosos. 

Aunque deben garantizar el acceso seguro de las poblaciones a la ayuda según el Derecho Internacional Humanitario, los Estados y los grupos armados continúan poniendo en peligro a los trabajadores. Perpetran ataques contra ellos o implementan medidas que "politizan y criminalizan la acción humanitaria y las misiones médicas", reza el informe. Al hacerlo, evitan que estos profesionales cumplan con su misión fundamental: proporcionar asistencia vital y atención médica basada únicamente en las necesidades de las poblaciones afectadas.

Personal local, el más expuesto

El documento evidencia el riesgo que supone esa violencia contra el personal local, objeto del 90% de los ataques "Están en primera línea, donde las necesidades son más altas, y brindan asistencia y atención médica en áreas a menudo inaccesibles para los actores internacionales. Están más expuestos a la violencia y, a menudo, sus recursos son limitados. Los financiadores y socios internacionales deben apoyarlos y garantizar el intercambio de recursos para permitirles garantizar su propia seguridad", se señala.

Las organizaciones humanitarias necesitan estar equipadas con material o contar con trabajadores que gestionen la seguridad de los equipos

Para garantizar la seguridad de su personal, las organizaciones humanitarias necesitan estar equipadas con material, capacitar a su personal y contar con trabajadores que gestionen la seguridad de los equipos, brindar evacuaciones de áreas arriesgadas, así como ofrecer apoyo psicológico, financiero o legal al personal que es víctima de ataques y a sus familias. Sin embargo, critican, se enfrentan a dificultades "para asegurar la financiación y, a veces, se ven obstaculizadas para garantizar el más alto nivel de protección de seguridad para su personal". 

Los ataques selectivos o indiscriminados suelen coincidir con otras formas de violencia contra la población civil, como los ataques a hospitales o escuelas en situaciones de conflicto, reseña el documento. Los civiles no sólo son víctimas de conflictos "cada vez más prolongados y de emergencias complejas, sino que también se les impide deliberadamente, o de hecho, recibir asistencia y protección humanitarias que salvan vidas", concluye.