Motos de Correos y la Policía Foral circulando ilegalmente por Madagascar: así fue la 'Operación Injini'

Una moto de gran cilindrada es vendida en Antananarivo, la capital de Madagascar. Es una BMW K75 de color rojo y 750 centímetros cúbicos. Un modelo antiguo, de los 90. Una moto que ya no se fabrica y que llega a esa isla africana de segunda o tercera mano desde Europa, donde hace tiempo que se deshacen de ellas.

De hecho, esa moto en concreto ya debería estar destruida. Porque lo que no sabe su nuevo propietario es que está conduciendo una antigua BMW de la Policía Foral de Navarra. Un vehículo que ha llegado a África de forma ilegal, enviado por los miembros de una red criminal que operaba desde un desguace de Madrid y que acaba de ser desmantelada por la Guardia Civil.

Motos rojas de la policía navarra, blancas y azules de sus homólogos de la Policía Local de Madrid o amarillas de Correos. Son algunas de las unidades que este grupo delictivo declaraba como dadas de baja y destruidas. Luego las restauraban, le picaban el chasis (como a cualquier vehículo robado) y las vendían en países europeos y africanos.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, ha hablado con el Instituto Armado sobre la 'Operación Injini', una intervención en la que se detuvo a un total de 25 personas, pertenecientes a una banda que tenía su base de operaciones en un desguace legal. Un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos (CAT) situado el polígono Aimayr de la carretera M-841, en San Martín de la Vega.

De Polonia a Mauritania

La organización se valía de una red de empresas vinculadas a la gestión de ese tipo de vehículos, principalmente de motocicletas y ciclomotores, distribuida por varias provincias españolas, para exportarlas ilegalmente, como vehículos de segunda mano a tres países europeos (Italia, Portugal y Polonia) y a cinco africanos: Marruecos, Senegal, Nigeria, Mauritania y Madagascar, según ha informado la Guardia Civil, que añade que algunas piezas también eran comercializadas en territorio español.

Esta empresa habría estado adquiriendo motocicletas y ciclomotores dadas de baja. Al tener la consideración de residuos peligrosos, ellos simulaban tramitar su supuesta gestión como residuos. Pero en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, eran exportados como vehículos de segunda mano. Eran transportados completos, y declarados como efectos de segunda mano, evitando así las prohibiciones de exportación para residuos peligrosos.

Los vehículos se adquirían como residuo a un precio muy bajo y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos de segunda mano, lo que aumentaba considerablemente el margen de beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, que la había, defraudando así a la hacienda pública y consiguiendo aumentar las ganancias.

Jerarquías

Esta banda, a la que se la han intervenido cuatro armas de detonación, contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada, en cuya cúspide se encontraban dos administradores de la empresa, que eran los responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares.

Bajo sus órdenes se encontraban otras dos personas dedicadas a las labores administrativas y de cobro. Su labor era fundamental, debido al elevado número de vehículos que tenían entrada en el CAT, para registrar, estructurar y contabilizar las distintas partidas. Se ha constatado cómo existían dos contabilidades: una oficial y otra oculta, utilizada esta última para derivar beneficios sin contribuir con los impuestos que obliga la normativa tributaria.

Un tercer escalón, también dentro de la empresa, estaba formado por 10 operarios que realizaban el trabajo de manipulación de los residuos, eliminado los números de bastidor y las placas de matrículas de las motocicletas, para que no pudieran ser relacionados con el CAT tras su venta, ni con su correspondiente Certificado de Destrucción, ya que algunas de las motos incluso provenían de robos.

El último elemento estaba compuesto por una serie de clientes y transportistas que se ocupaban de la adquisición y traslado de estos vehículos ilícitamente. Esta red de proveedores habría aportado al núcleo central de la banda casi 300 toneladas de motocicletas y ciclomotores al final de su vida útil (algunas de ellas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) sin tratamiento y sin autorización, ni cumpliendo con los trámites obligatorios.

Explotación laboral

También se ha investigado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios, sin contrato laboral. La mayoría de los pagos se hacían en metálico y sin facturas. Además, tenían almacenados un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización que excedían el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamientos.

Esta práctica irregular habría generado un alto nivel lucrativo a los integrantes de la organización, que disfrutaban de un alto nivel de vida y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados para el capital social en la constitución de otras personas jurídicas que engrosaban el entramado societario. Se han identificado activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente se encuentra bajo control judicial.

La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 jurídicas y en la investigación económica asociada, se ha verificado que, sólo en el tiempo que ha trascurrido la investigación, el entramado criminal habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros.

En los diversos registros se ha intervenido cuantioso material documental e informático para analizar, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y munición. A los detenidos se les imputan varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros.