El Supremo estudia el posible acoso a una fiscal sancionada por retrasos pese a trabajar embarazada de riesgo

El Tribunal Supremo acoge el próximo miércoles una vista pública sobre un asunto novedoso, como es el posible acoso por razón de sexo de una integrante del Ministerio Fiscal. Se trata de revisar una sanción de 1.500 euros por retrasos injustificados impuesta a una fiscal después de que su superior, el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, le pidiera seguir despejando asuntos desde su domicilio, a pesar de que ella se encontraba de baja por un embarazo de alto riesgo.

La vista se sustanciará con la declaración de tres testigos y la ratificación de un informe pericial que aportarán información clave antes de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo entre resolver sobre la demanda presentada por la mujer, que busca que se declare que se vulneraron sus derechos y que por ello la sanción debe ser anulada.

Los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico y Luis María Díez-Picazo aceptaron el recibimiento de prueba propuesto por la defensa de la fiscal afectada, que está representada por el abogado y fiscal en excedencia Juan Antonio Frago. Consideran que se dan los requisitos para la celebración de esta vista al existir disconformidad sobre los hechos que defienden ambas partes, por lo que la prueba propuesta es "de indudable trascendencia para la resolución del pleito", según la resolución a la que tuvo acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Testigos

Entre los testigos propuestos se encuentra el fiscal jefe, además del delegado de riesgos laborales de la Fiscalía y una funcionaria. Los magistrados también tendrán oportunidad de preguntar al autor del informe pericial aportado por la defensa.

En su recurso, la fiscal denunció "una gravísima situación de acoso por razón de género", que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo.

Añade que, "una vez recibida la noticia", la conminó a "seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal".

Deber de trabajar

En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que "no entendía por qué debía trabajar estando de baja". La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo donde "se va por las ramas" señalando que "la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes", así como "el deber de trabajar con prontitud y eficacia".

Poco después, ya en julio de 2021, "con una conexión temporal total", Huélamo comunica "unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales" por parte de la fiscal, "cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma".

Sobrecarga de trabajo

En este sentido, el recurso incluye la transcripción de la conversación que tuvieron en el despacho de Huélamo, donde "resulta evidente que el fiscal jefe reconoce ante la fiscal que la misma lleva un lote de asuntos del que debería encargarse más de un fiscal, por la sobrecarga de trabajo que conlleva".

Con todo, para los abogados de la fiscal, resulta evidente que "se le abre expediente disciplinario y se le sanciona por haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal del fiscal jefe".