Migraciones

España solo reconoce el asilo a 12 de cada 100 solicitantes, frente al 40% de la media europea

CEAR publica un informe en el que destaca un aumento del 37% de peticiones en el último año, la gran mayoría de Venezuela, Colombia y Perú

Varios solicitantes de asilo venezolanos y colombianos en un piso de Valencia.

Varios solicitantes de asilo venezolanos y colombianos en un piso de Valencia. / FRANCISCO CALABUIG / LEVANTE

María G. San Narciso

Hasta 163.220 personas solicitaron asilo en España en 2023, una cifra a la que hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania. Son, en total, 195.000 desde el 24 de febrero de 2023. Pese a que esto supone un nuevo record histórico, las resoluciones favorables descendieron del 16,5% de 2022 al 12% actual. Una cifra que se aleja de la media europea, que se situó en torno al 40%, tal y como señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe Más que cifras.

Las peticiones de asilo supusieron un 37% más que el año anterior. Todo ello, asegura CEAR, "pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento". Citan, por ejemplo, las dificultades para conseguir citas y formalizar las solicitudes, que "se siguen cronificando y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses, lo que vulnera la Directiva Europea de Procedimientos".

Evolución de los solicitantes de asilo en España.

Evolución de los solicitantes de asilo en España. / CEAR

En total, en 2023 hubo 88.042 resoluciones. Un 40% fueron desfavorables, un 47% se resolvieron vía razones humanitarias (un tipo de protección, explican menos garantista que se concede en su inmensa mayoría a personas de Venezuela) y apenas un 12% fueron favorables. Es decir, solo a 11.163 personas se les concedió el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.

Con todo, CEAR recalca que "siguen aumentando alarmantemente las solicitudes pendientes de resolución en España": hasta 191.000 personas "esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida y su acceso a derechos fundamentales". Es un 56% más que el año pasado.

La mayoría vienen de Venezuela y Colombia

Por nacionalidades, la gran mayoría de esas solicitudes vienen de ciudadanos de Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308). Entre todos representan casi el 79% del total. Les siguen Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador.

Gran parte de esas personas, señala la ONG, vinieron a través de la frontera aérea. Aunque recuerdan que este último año ha aumentado forma considerable el número de personas que arriesgaron su vida montando en un cayuco para llegar a Canarias. Esto se aprecia, asegura la entidad, con la entrada de Senegal entre los principales países de origen. En lo que llevamos de 2024, la mayoría de las que llegaban a las islas lo hacían desdesde las costas de Mauritania.

También inciden en que las solicitudes de nacionales de Rusia prácticamente se han triplicado, lo que achacan a la invasión de Ucrania, "debido sobre todo al reclutamiento forzoso y a la situación de deterioro de los derechos humanos, especialmente para las personas LGTBIQ+".

La situación de Barajas

Otro dato que deja este informe es que en los puestos fronterizos solicitaron asilo 3.386 personas, un 25% más que el año anterior. Es una parte mínima del total de solicitudes, pero un número suficientemente alto para reflejar lo que se está viviendo en las salas de asilo del Aeropuerto de Barajas, en Madrid.

CEAR señala que este incremento ha sido exponencial desde el pasado mes de agosto y ha provocado retrasos en la formalización de las solicitudes de asilo y "una situación grave de hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales y la dignidad de personas refugiadas de Somalia, Senegal, Venezuela, Colombia o Marruecos, entre otras". El defensor del Pueblo, en su última visita, señaló que que "se podría estar sometiendo presuntamente a estas personas a un trato degradante, menoscabando su integridad moral".

Ante esta situación, el Ministerio del Interior abrió dos nuevas salas en el aeropuerto, lo que supuso un 47% más de espacio, y sumó más agentes para realizar entrevistas en el puesto fronterizo. También impuso un visado de tránsito aeroportuario a nacionales de Kenia desde el pasado 20 de enero y a personas senegalesas a partir del próximo 19 de febrero, como solicitaban sindicatos policiales, además de pedir la colaboración a Marruecos para impedir que embarquen personas de Senegal sin visado Schengen expedido dos años antes.

Sin embargo, la ONG considera que "con estas actuaciones se impide el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas de Somalia que huyen de la grave situación humanitaria en su país y que llegaban a España con un pasaporte de Kenia", y que "supone un nuevo obstáculo para acceder a la protección que necesitan quienes huyen de Senegal, lo que les dejará como única alternativa arriesgar su vida en la mortífera ruta atlántica, en la que al menos 956 personas perdieron la vida el año pasado".

CEAR recuerda que estos visados de tránsito se les exige ya a personas procedentes de países en conflicto, pese a que se trata de personas que cuando logran llegar a España tienen altas tasas de reconocimiento de protección, como Siria (92%), Burkina Faso (97,4%), Mali (98,8%), Somalia (97%), Afganistán (87,3%) o Palestina (84%).