El PSOE registra su ley abolicionista para castigar el proxenetismo en todas sus formas

El PSOE ha registrado este martes una proposición de ley orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. El grupo socialista entiende que la prostitución es "una actuación incompatible" con los derechos humanos y que, sin embargo, "aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico".

"Con ella, lo que pretendemos es modificar el Código Penal para castigar el lucro de la prostitución; para castigar la tercería locativa, es decir, la cesión de inmuebles para el ejercicio", ha asegurado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. Ante la prensa, el también diputado vasco ha resaltado que en 2021 solo hubo una sentencia que condenara a un proxeneta, lo que, para ellos, "evidencia la necesidad de esta legislación".

El portavoz socialista ha detallado que en esta ley "se reconoce la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas en situación de proxenetismo, ya que se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España". La diputada Andrea Fernández también ha apelado a esta cifra que, según ha indicado, procede del Ministerio del Interior. "Para el grupo parlamentario socialista, esto es incompatible con un Estado democrático y de derecho como el nuestro, y nos impulsa a caminar en la dirección de eliminar esta forma de violencia machista y contra las mujeres", ha asegurado.

Un camino, ha dicho, porque la ley es un primer paso "para acabar con la prostitución", en su deseo de que España sea un país abolicionista. También acompaña a otras muchas medidas, como la Ley de Trata o el Plan Camino.

Modificación del Código Penal

La proposición de ley es idéntica en contenido a la que el grupo socialista registró en la pasada legislatura. Modifica el artículo 187 del Código Penal para castigar a quien, "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución".

Además, introduce un artículo 187 bis para castigar la tercería locativa o, lo que es lo mismo, al que "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio" que promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aunque sea con el consentimiento de esta. También hay un 187 ter que condena al que pague por actos de naturaleza sexual.

Sin castigo para las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya aseguró que estos cambios buscarían "impedir y dificultar enormemente la prostitución", sin penalizar a las personas que la ejercen, como queda reflejado en el texto. Para conseguir que sea lo más complicado posible, lo que buscan es que no puedan desarrollarla en pisos alquilados o en clubes u hoteles, puesto que los empresarios y propietarios de pisos serán declarados proxenetas según este concepto ampliado que se pretende aprobar.

Una medida que, junto con el castigo de los clientes, ha sido criticada tanto por sindicatos y asociaciones de trabajadoras sexuales como por investigadoras, al considerar que así solo consiguen que las mujeres que quieran ejercer la prostitución se expongan a más situaciones de riesgo.

Ahora, los socialistas esperan conseguir el "apoyo mayoritario de todos los grupos" que componen la Cámara Baja. De momento, en rueda de prensa la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal (Comunes), ya ha asegurado que están "firmemente comprometidas con las trabajadoras sexuales" y que no las van a abandonar. Únicamente el PP, en la anterior legislatura, se abrió a tenderles la mano para sacar adelante esta ley abolicionista. El resto de grupos o se abstuvieron, o se negaron, o quieren esperar a "escuchar las voz de las mujeres" antes de tomar una posición firme.