Cinco asesinatos vicarios en cuatro meses evidencian los fallos del sistema de protección

El pequeño Alex, de tan solo cinco años, asesinado por su padre el pasado miércoles en Bellcaire d’Empordà se ha convertido en el quinto caso de violencia vicaria, aquella que se ejerce para infringir el máximo daño a una madre pero sin llegar a asesinarla, en lo que va de año. Matando a su hijo (o a sus hijos), se la condena a vivir muerta en vida.

Desgraciadamente, no se trata de un crimen aislado. Desde 2013 han fallecido 55 menores debido a la violencia de género vicaria, pero este año supera los registros anteriores porque ha habido cinco asesinatos de niños en un corto periodo de tiempo, apenas cuatro meses. Se trata del peor arranque de año desde que hay estadísticas. Otros cinco ejercicios ha habido más fallecidos (por ejemplo, en 2021 hubo siete víctimas menores), pero a lo largo de todo el año, no solo en el primer cuatrimestre.

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Antes que Alex, el pasado 18 de marzo fallecieron Elisa y Larisa (2 y 4 años) en Almería, debido a que su padre las envenenó durante un régimen de visitas, y Xavier y Noa (de 10 y 7 años) que fueron asesinados a principios de año por su padre en Barcelona, a través de la inhalación de monóxido de carbono.

La concatenación de asesinatos tan graves y en un corto periodo de tiempo ha hecho saltar las alarmas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado este jueves que la situación les “preocupa” y les “ocupa”, por lo que se está trabajando con otros ministerios como los de Interior y Justicia para “hacer un mejor diagnóstico” de que está sucediendo y ver “cómo reforzar las medidas de protección”. Pero ha admitido que frenar la violencia machista es “muy complicado” debido a que el machismo es “estructural” y hay que trabajar en multitud de ámbitos.

Los pasos insuficientes

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De entrada, los asesinatos de menores evidencian que los pasos que se han dado hasta ahora, como reconocer a los menores como víctimas de la violencia de género, que en el sistema Viogen de protección a las denunciantes se incluyan preguntas para valorar el riesgo en el que se encuentran los menores o la reforma legal que obliga a los jueces a suspender el régimen de visitas cuando el padre haya sido denunciado por violencia de género, son insuficientes.

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De hecho, Cataluña que es pionera en el reconocimiento legal de la violencia vicaria solicita al Gobierno central que extienda la formación en perspectiva de género a todos los operadores judiciales, también al ámbito civil, que es donde acuden muchas víctimas en busca de un divorcio pero sin revelar o denunciar el maltrato que sufren ellas o sus hijos.

Además, la reforma legal sobre el régimen de visitas dejó un resquicio, la posibilidad de que los jueces mantengan la comunicación con el padre bajo el “interés superior del menor”, por lo que en ocasiones se perpetúa la situación de peligro. “Los juzgados están acostumbrados a distinguir la violencia sobre la mujer de la que sufren sus hijos, y si no hay pruebas de la segunda, su visión biologicista tiende a hacerles pensar que lo mejor es que mantengan la relación con el padre y un maltratador nunca es un buen padre”, reflexiona Marisa Fernàndez, jurista del colectivo Novembre Feminista. En su opinión, hay que impedir que esta grieta porque según un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, balo el título 'Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres', el 44% de los asesinatos de violencia vicaria se producen durante el régimen de visitas.

Ámbito sanitario

En opinión de Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, el cambio legal sí “está funcionado” pero el problema es que a los juzgados “se les escapan” un montón de situaciones, como denuncias antiguas o regímenes de visitas que se pactan en el ámbito civil porque no hay denuncia por maltrato. La fiscal cree que se debería instalar una especie de sistema de “alerta” y que todos los juzgados estuvieran interconectados, de forma que si una mujer acude a cualquier ámbito judicial por un divorcio, por ejemplo, o un asunto relacionado con una custodia, se sepa que también es víctima de violencia de género para acordar medidas de protección hacia ella o sus hijos.

No obstante, según subraya Gisbert, “dejar caer la solución es los juzgados es arriesgado” porque el ámbito judicial solo actúa cuando el daño ya está hecho. “Hay que poner el acento en otras medidas como mejorar la capacidad de detección del maltrato por parte de los servicios sociales o del sistema sanitario”.

Coincide con esta opinión Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia machista, que lleva años solicitando que se refuerce la capacidad del sistema sanitario en este sentido, porque casi todas las maltratadas acuden periódicamente al médico, pero se han implantado protocolos de actuación que aún no han dado resultados palpables.

“Hay que ser proactivo en la detección, porque solo el 20% de las víctimas denuncian, por lo que el enfoque policial y judicial es necesario pero insuficiente, hay que poner la mirada sobre la sociedad y la asistencia sanitaria”, reflexiona, avisando, además, que buena parte de la sociedad “minimiza” la violencia machista, por lo que es más difícil avanzar.

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