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La juez en funciones de guardia decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto cabecilla de una estafa piramidal a unos 4.000 inversores a los que hacía creer a través de la empresa Global Plus Inversiones (GPI) que obtenían un 25% de rentabilidad. El supuesto cerebro de este "chiringuito" financiero fue imputado por la juez por un delito de estafa al constatar los informes policiales, según ha podido saber este diario, que el dinero captado -casi tres millones de euros- estaba en una cuenta bancaria a nombre del imputado y que no estaba invertido en bolsa. El arrestado se negó a declarar ayer ante la juez de guardia, al igual que ya lo hizo en la Comisaría Provincial tras su detención el pasado viernes.

La magistrada sí dejó en libertad con cargos a la pareja sentimental del principal sospechoso y al director de la empresa al entender, según fuentes consultadas por este diario, que cumplen funciones como trabajadores de la firma. La juez les retiró los pasaportes ante el riesgo de fuga y les obliga a comparecer dos veces al mes en el juzgado. La investigación policial alertó de que existía riesgo de fuga, si bien ayer familiares y amigos de los arrestados que se encontraban en los juzgados del Palacio de Justicia de Benalúa señalaron que habían traído a sus hijos menores desde Rumanía para incribirlos en un colegio, por lo que el riesgo de fuga, a su entender, carece de fundamento.

Tanto el presunto cabecilla como los dos trabajadores fueron arrestados el viernes junto a otras diez personas en una operación policial llevada a cabo en varias provincias españolas por una presunta estafa piramidal a la que, al parecer, ya le iban faltando víctimas: los inversores, que creían que su dinero se iba a bolsa. Sin embargo, el rastreo de la Policía llevado a cabo sobre las aportaciones de los presuntos estafados revela, según fuentes consultadas, que ese dinero no se invirtió nunca en bolsa y que fue destinado a una cuenta del sospechoso.

Entre los movimientos bancarios figuran compras particulares y pagos a trabajadores de la firma, así como abonos de los intereres supuestamente generados por las inversiones, cuando en realidad estaba pagando con el dinero del propio estafado.

El juzgado de Alicante que investiga la presunta estafa piramidal autorizó a la Policía Nacional a bloquear varias cuentas bancarias vinculadas a GPI y al administrador de la firma, quien fue asistido en el juzgado de guardia, junto a su pareja y el trabajador arrestado, por la letrada Pilar Beneyto.

Las otras diez personas detenidas en Alicante, Elche y en el resto de ciudades donde GPI tenía abiertas oficinas -Murcia, Valencia, Jerez, Móstoles, Martorell, Barcelona- fueron puestas en libertad provisional tras prestar declaración en diferentes dependencias policiales. La Policía no había recibido hasta el momento de explotar la investigación denuncias de inversores pero ahora sí se espera que comiencen a llegar paulatinamente casos de afectados. De hecho, el juzgado ya recibió ayer una denuncia presentada previamente en dependencias policiales por inversores que han conocido la presunta estafa a través de los medios de comunicación, según señalaron ayer fuentes judiciales. La Policía Judicial está comunicando a los afectados que cada uno debe presentar la denuncia en la ciudad donde realizó la inversión. Al final se centralizarán todas las denuncias para remitirlas al juzgado instructor -que tiene al frente al juez Manrique Tejada- a quien también será remitida en breve la denuncia que ayer entró en el juzgado.

Alerta de la CNMV

La intervención policial se llevó a cabo tras investigar a Global Plus Inversiones al carecer de autorización para prestar servicios de inversión en España, según advirtió en mayo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su página web. Esta ha sido la principial vía de investigación que ha llevado a la Policía a constatar que las aportaciones dinerarias no estaban invirtiéndose en bolsa tal y como la firma prometía.

La presunta estafa piramidal alcanza a varios puntos del país. Como ayer pulicó este diario, la Fiscalía ya se está planteando solicitar al juzgado de Alicante el envío de la causa a la Audiencia Nacional si se confirma que hay perjudicados de varias provincias españolas. Asimismo, Portugal aparece en la web oficial de Global Plus Inversiones como una de las sedes pero al parecer la apertura aún no se había producido hasta el momento.