Los fiscales de Alicante aprobaron ayer endurecer las acusaciones en los casos de robo de cable. El asunto fue llevado a la junta de este colectivo por el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, para quien estas acciones no se trata de simples hurtos, sino que muy frecuentemente los daños causados exceden el valor del material robado. Barrios enteros que se quedan sin luz durante varios días por la sustracción de los cables, trenes de alta velocidad bloqueados por los mismos robos, poblaciones que se quedan incomunicadas por el saqueo del tendido de las líneas telefónicas... Éstos son algunas de las situaciones que pretenden erradicar.
Cuando se consideran simples hurtos, estos actos sólo se castigan con penas de multa o bien de unos pocos meses de cárcel. La intención de los fiscales tras la junta de ayer fue presentar acusación por un delito de desórdenes públicos en los casos en los que el suministro quede gravemente interrumpido. El Código Penal prevé entre uno y cinco años de cárcel por la perturbación de servicios públicos como el ferrocarril, las líneas telefónicas, el gas o el alumbrado. El fiscal jefe matizó que no se tratará de aplicar de manera indiscriminada este agravamiento de las penas, sino que se va a pedir a los fiscales para que extremen el celo y se aplique en aquellos casos en que corresponda. En Cataluña, se optó por aplicar el artículo 235.2 del Código Penal para robos agravados, que permite elevar la pena de hurto de uno a tres años de prisión en los casos en que los artículos robados «se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionara un grave quebranto a éste o una situación de desabastecimiento».
Los fiscales también pedirán a la Policía que con las detenciones efectuadas por robos de cable se adjunte un informe con las consecuencias que generó ese delito. «En ocasiones, el atestado que llega al juzgado de guardia se limita a apuntar que se le ha detenido con tantos kilos de cobra sin precisar nada más. El fiscal no sabe cuál ha sido el alcance de ese delito», explicó ayer Rabasa a este diario
Asimismo, la junta de fiscales acordó también el empezar a pedir colaboración de la Policía para investigar el patrimonio de los acusados de no pagar la pensión a los hijos, en los casos en los que se sospeche que estos padres tienen sus ingresos en dinero negro a través de la economía sumergida. Estos acusados se valen de esta aparente insolvencia para conseguir la absolución. «Se trata de agotar las líneas de investigación para determinar si estas personas son realmente insolventes», explicó Rabasa, que incidió en que en los casos de poblaciones pequeñas es fácil que los agentes puedan constatar si el impagador carece realmente de actividad laboral.
Por último, la junta de fiscales alertó de la situación que se está produciendo con los nombramientos de jueces de refuerzo (la provincia tiene más de catorce), que no se ha visto acompañada de medidas similares en la Fiscalía. «Se está incrementando el ritmo de juicios, pero hay verdaderos problemas para que los fiscales puedan presentarse en ellos», dijo Rabasa.
