Un ciudadano francés que huyó de la Guardia Civil desde La Vila Joiosa a Vinaroz con un coche cargado con 750 kilos de hachís cumplirá un año de cárcel y después será expulsado del territorio nacional con la prohibición de volver a entrar a España durante una década. Esta es la conformidad que ha cerrado esta semana el abogado alicantino Francisco Miguel Galiana Botella en el juzgado de lo Penal y que es la primera deportación de un ciudadano intracomunitario de España en aplicación del nuevo Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio. La condena cerrada en el acuerdo y que se plasmará en la sentencia es de tres años y cuatro meses de cárcel, de los cuales el acusado sólo cumplirá uno y después será expulsado. En el caso de que en los próximos diez años fuera sorprendido de nuevo en territorio nacional tendrá que cumplir la condena en su integridad. La rebaja ha sido notable porque inicialmente la Fiscalía solicitaba penas que sumaban más de seis años de cárcel por un delito contra la salud pública y falsedad.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de mayo de 2004 cuando agentes de la Guardia Civil detectaron movimientos sospechosos entre dos vehículos en la estación de servicio La Marina de la AP-7 a su paso por La Vila Joiosa. Al percatarse de la presencia de los agentes que iban a identificarlos, los dos vehículos se dieron precipitadamente a la fuga. Uno de ellos era un Audi al que se le perdió la pista, mientras que el otro era un Mercedes que circuló por la autopista a gran velocidad embistiendo todas las barreras de los peajes que le salían a su camino durante la persecución. Cuatro horas después, el vehículo fue hallado abandonado en Vinaroz sin gasolina y lleno de fardos de hachís. El coche tenía además placas de matricula que correspondían a otro vehículo. Las huellas dactilares, tanto en el volante como en uno de los tickets de la autopista permitieron identificar al fugitivo que fue detenido un año después y estaba en prisión por esta causa. La droga intervenida hubiera alcanzado en el mercado un valor superior al millón de euros.
El artículo 89.4 del Código Penal permite la expulsión del territorio nacional de ciudadanos de la Unión Europea y fue el letrado del acusado quien planteó al juez y al fiscal esta posibilidad cuando fueron a negociar el acuerdo. El Código Penal permite la expulsión de ciudadanos comunitarios en el caso de que «represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y sus circunstancias personales».
