La reactivación de los plazos judiciales desde el pasado 11 de agosto ha dejado a despachos de abogados y de procuradores sin vacaciones de agosto. Una medida que se adoptó por el Poder Judicial para tratar de paliar los más de tres meses de parón que supuso la pandemia pero que, ante el revuelo montado entre los profesionales, se llegó a una especia de pacto no escrito para que sólo se notificara lo urgente e imprescindible. Letrados y procuradores denuncian que diariamente están recibiendo notificaciones de los tribunales, algunas que deben ser contestadas en pocos días y de asuntos que no son para nada urgentes.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para hacer un control de los asuntos no urgentes que se están notificando en agosto. El decano del colegio, Fernando Candela, aseguró que había sido una decisión «discriminatoria», porque «vamos a ser los únicos que no nos podemos ir de vacaciones en agosto», aunque matizó que en estas dos semanas desde la reactivación de plazos «el ritmo parece haber bajado» estos últimos días. Candela incidió en que «esta medida no va a resolver absolutamente nada porque la Administración de Justicia sufre una serie de problemas endémicos que necesitan una reforma en profundidad. Notificar treinta escritos en agosto es un parche». El ritmo de notificaciones se ha reducido a la mitad, pero es muy elevada sobre todo teniendo en cuenta que agosto es un mes en el que tradicionalmente la actividad judicial se paraba en casi todas las jurisdicciones. El Palacio de Justicia sigue siendo un páramo que otros años en agosto, pero con la salvedad de que los plazos siguen en marcha y los escritos deben presentarse.
La decana del colegio de Procuradores, Pilar Fuentes, aseguró que «haya o no haya algo, este mes estamos obligados ahora a consultar diariamente todas las notificaciones. La medida no está sirviendo y va en contra del derecho a la desconexión digital y la conciliación la vida laboral y familiar».
Los profesionales ya cuentan con que hay una serie de causas urgentes que les pueden aguar las vacaciones. Para su sorpresa, alguno de los escritos que les están llegando son de jurisdicciones no urgentes. Contestar a una demanda por importe de 160.000 euros, impugnar un informe pericial, revisar unas medidas cautelares... asuntos para los que se requieren entre tres y diez días para contestar y que se entregan en un juzgado en donde la mayoría del personal sí que se ido de vacaciones. «Hay juzgados en San Vicente que están celebrando juicios en Civil», señalaron fuentes judiciales.
El presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, dijo que ·si se ha dictado alguna notificación habrá sido alguna situación puntual. «Los turnos se organizaron para concentrar este mes las vacaciones de todos los operadores jurídicos y garantizar que en septiembre se pueda retomar la actividad», dijo.
