Un mes y tres días después de ingresar en la prisión de Fontcalent como los principales investigados de la red de blanqueo de dinero de mafias rusas desarticulada por la Policía en la Costa Blanca, Ibiza, Madrid, Valencia y Tarragona, los cuatro ciudadanos rusos que estaban encarcelados abandonaron a última hora de la tarde de ayer el centro penitenciario de Alicante tras acordar la juez de Benidorm que investiga el caso su puesta en libertad sin fianza.

En un auto del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm entregado ayer en la prisión a los cuatro investigados antes de ser puestos en libertad, la juez acuerda como única medida cautelar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. Ni siquiera tendrán que comparecer cada quince días en el juzgado, como ocurre en muchas ocasiones con macrocausas de este tipo.

Los ciudadanos de origen rusos, dos de ellos ya con nacionalidad española, fueron recibidos en el exterior de la prisión por varios familiares y por los abogados Ignacio Gally, Aitor Esteban Gallastegui y del bufete Ruiz Marco, Alejandro Bas, defensores de tres de los excarcelados.

En el auto donde se acuerda la libertad sin fianza de los investigados, la magistrada se refiere al informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción sobre la libertad del abogado ruso Alexey S. y a la petición de libertad de las otras tres personas que estaban en prisión por parte del Ministerio Público. Las defensas habían solicitado la libertad y habían recurrido la prisión. De hecho, hace tan sólo unos días la misma juez de Benidorm ratificaba la prisión para uno de los empresarios rusos que ayer fue puesto en libertad.

La magistrada señala en el auto de libertad que subsisten los argumentos expresados en la resolución donde se acordó su ingreso en prisión a mediados del pasado mes de diciembre, pero precisa que no se puede mantenerlos en prisión incondicional si la Fiscalía informa favorablemente a su puesta en libertad.

Desde las defensas de algunos investigados se apunta que puede haber posibles defectos procesales en la investigación realizada desde que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella criminal en 2015

Javier Ruiz Blay, del despacho Matilla & Blay, que ha llevado la defensa de uno de los investigados, considera la operación policial como un «fraude y fracaso de investigación incapaz de arrojar resultados concluyentes en siete años». Asegura que la Policía «ve delitos donde solo hay negocios corrientes» y critica que se criminalice a los empresarios por el hecho de ser rusos.

Además de los cuatro investigados que salieron ayer de prisión, la Policía detuvo en diciembre a otras 19 personas e informó de que se trataba de una organización con una «potente red clientelar» dentro de la Administración española para infiltrarse en instituciones y llevar a cabo sus negocios con impunidad mediante el cohecho y el tráfico de influencias. Dos políticos de Benidorm y Altea y tres miembros de la Guardia Civil y la Policía figuraban entre los arrestados.

La organización, según la Policía, planeaba controlar sectores clave de la economía española, concretamente en el sector del ocio nocturno y la restauración en la costa levantina y en Baleares, donde presuntamente realizaron inversiones de beneficios del crimen organizado a través de empresarios rusos vinculados con los «vor v zakone» (ladrones en ley) y con los sindicatos del crimen en Rusia.