La Policía Nacional ha desmantelado en la Zona Norte de Alicante un grupo organizado que se había especializado en la ocupación ilegal de viviendas para alquilarlas luego a personas en situación de vulnerabilidad, revenderlas o destinarlas a la instalación de cultivos «indoor» de marihuana. En la operación policial ha sido detenidas siete personas y se han localizado tres casas destinadas a plantaciones de marihuana y otras tantas que habían sido alquiladas.
El Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante ha sido el encargado de destapar esta importante mafia que se dedicaba a ocupar viviendas en las zonas más marginales.
En los barrios más marginales de la Zona Norte es donde sobre todo la Policía ha detectado ocupaciones de viviendas por parte de grupos organizados integrados por familias con un amplio historial delictivo. Los implicados se dedicaban sobre todo a alquilar las casas que ocupaban a personas vulnerables a las que engañaban cobrándoles por habitar en dichas viviendas, como si ellos fuesen los legítimos propietarios.
Antes de proceder a la ocupación ilegal, los implicados de la trama desmantelada vigilaban durante un tiempo las casas para comprobar si había movimiento en su interior y entrar una vez verificaban que no hay moradores residiendo en ellas.
Las dos primeras detenciones se realizaron a principios de febrero. Dos personas fueron arrestadas por la Policía por allanamiento de morada y estafa tras ocupar la vivienda de un militar que actualmente se encontraba destinado fuera de Alicante.
Poco después fueron detenidas cuatro personas más, de entre 19 y 43 años. Pertenecían al mismo grupo y, según la Policía, se dedicaban a ocupar viviendas que luego alquilaban a personas que no tenían dónde vivir. De este modo se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad y les cobraban una mensualidad por alojarse en una casas que en realidad estaban ocupadas de forma ilegal y no eran propiedad de los arrendadores.
En esta situación, la Policía detectó dos familias que fueron engañadas durante más de siete meses y llegaron a pagar más de 1.500 euros por el alquiler de una casa ocupada.
A raíz de estas últimas detenciones, los investigadores localizaron otra vivienda ocupada por el grupo desarticulado. Se trataba de una casa cuyo dueño había alquilado a una persona que estuvo residiendo fuera de España a causa de la pandemia y cuando regresó no pudo acceder al domicilio porque había sido ocupado por otra persona.
El inquilino explicó a la Policía que había pagado 3.000 euros por residir en dicho domicilio sin límite de tiempo. Los agentes realizaron sus indagaciones para localizar al arrendador y arrestaron a un hombre de 33 años por un presunto delito de allanamiento de morada.
La desarticulación de este grupo ha sido posible gracias a la recopilación y análisis de información aportada por agentes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial dentro de un protocolo de actuación promovido por el comisario principal Ignacio del Olmo, jefe provincial de la Policía Nacional. Dicho protocolo fue impulsado el pasado octubre tras la instrucción cursada por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la actuación policial ante la ocupación ilegal de viviendas, a raíz de los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado.
Este intercambio de datos y análisis de las denuncias ha permitido relacionar los hechos para desmantelar una organización perfectamente estructurada cuya actividad se centraba en constituir una red de viviendas ocupadas para alquilar y vender.
Desde la puesta en marcha de este protocolo en la Comisaría Provincial, la Policía Nacional ha detenido en Alicante a dieciséis personas por delitos de allanamiento de morada y además se han frustrado más de medio centenar de intentos de ocupaciones en la capital alicantina.
Este plan de actuación policial se está aplicando en las comisarías locales de la Policía en la provincia y está ofreciendo también unos resultados positivos en la lucha contra las ocupaciones ilegales.
Además del negocio que los alquileres fraudulentos, el grupo desarticulado también destinaba viviendas ocupadas a la instalación de plantaciones «indoor» de marihuana, otra actividad ilícita que les generaba beneficios.
Estos cultivos tienen el riesgo añadido para el resto de vecinos del peligro de incendios por los enganches ilegales de luz para suministrar electricidad a los aparatos necesarios para favorecer el crecimiento de las plantas de marihuana.
