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Los coletazos del crimen de Polop

Una juez absuelve de denuncia falsa a un empresario que acusó al exalcalde Juan Cano de intentar extorsionarle y exigirle 500.000 euros

Juan Cano sale de la Audiencia el día que fue absuelto del asesinato de Alejandro Ponsoda.

Juan Cano sale de la Audiencia el día que fue absuelto del asesinato de Alejandro Ponsoda.

Pocos meses después de que Juan Cano saliera en libertad bajo fianza durante la investigación por el asesinato de su antecesor en la Alcaldía de Polop, Alejandro Ponsoda, un empresario que tenía un hotel en el casco antiguo de la localidad presentó una querella contra él por extorsión. El hotelero acusaba a Cano de pretender que le pagara 500.000 euros o le cerraba el establecimiento. La respuesta del exregidor fue la de querellarse contra él por un delito de denuncia falsa. Cano argumentaba que esta querella agravó su situación por la imputación del asesinato del que ha quedado absuelto hace poco más de un año. La juez no ha visto probado que el empresario y uno de sus empleados presentaran una denuncia falsa a sabiendas y les absuelto, según la sentencia del juzgado de lo Penal a la que ha tenido acceso este diario.

Cano fue absuelto por un jurado popular de haber urdido el asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, y desde su imputación ha venido clamando su inocencia y su disposición a llevar ante la Justicia a todos los que pusieran en duda su honorabilidad.

Tras el juicio, el empresario y el empleado que firmaban la querella han resultado absueltos al no considerar probado la juez que éstos la presentaran con conocimiento de la falsedad de los hechos. Según explica la resolución, la querella estaba redactada por un abogado que dio una forma presuntamente ajustada a lo que le relataron los acusados; y que éstos han seguido manteniendo que lo que relataron era cierto. Por lo que concluye que no había intención de mentir, ni de denunciar hechos falsos a sabiendas de su falsedad. Fuentes cercanas al caso apuntaron que la sentencia se ha recurrido ante la Audiencia Provincial por Juan Cano.

El empresario sostuvo en el juicio que con esta querella solo pretendía anular unas multas que consideraba injustas. Los hechos arrancaban desde el año 1995 cuando comenzaron las obras para hacer un hotel en el casco antiguo de la localidad, que entró en funcionamiento un año más tarde. El empresario denunció en su día que Cano se presentaba dos veces por semana a comer en el restaurante sin pagar, dejando facturas por importes de 14.000 euros al mes. A los nueve meses, el empresario se negó a seguir atendiendo al señor Cano y sus amigos sino pagaban, momento en el que «comenzó una campaña de acoso y derribo contra el hotel», hasta el punto de que permaneció cerrado entre 1998 y 2001, año en el que se presentó un proyecto de ampliación del establecimiento. La querella acusaba a Cano de exigirle el pago de 500.000 euros, cantidad que se negaba a pagar porque las multas eran de 5.000 euros. La querella se presentó contra Juan Cano y la persona que le sucedió en la Alcaldía tras la detención de éste por el asesinato, María Dolores Zaragoza, fallecida en 2019 y enfrentada políticamente con Cano.

La versión del exregidor

Durante el juicio por denuncia falsa, Juan Cano aseguró que los hechos que le imputaban eran falsos y que con esa querella solo buscaba perjudicarle en la investigación por el asesinato. «El negocio de mi mujer se resintió por la mala prensa y tuve que mandar a mis hijas a Madrid por todos los que nos acusaban falsamente de todos estos hechos», declaró. Cano rechazó haber ido a comer de gratis al citado restaurante y solo admitió haber estado allí en un par de ocasiones, una de ellas una cena de Nochevieja. Según su versión, el problema del hotel era que no cumplía con la normativa urbanística y él se limitó a continuar con los trámites de las resoluciones de la comisión. El exprimer edil aseguró que la querella le achacaba hechos ocurrido en fechas en las que él ni siquiera estaba en el Ayuntamiento de Polop.

La juez considera que, aunque la conducta de los acusados podría considerarse de «imprudente» porque admitieron que no se leyeron la querella que redactó el abogado, no se puede considerar que denunciaran hechos falsos a sabiendas de su falsedad y que aun en el juicio los dos acusados dijeron que todo era cierto.

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