Un juez de Alicante ha condenado por un delito de odio a tres de los cuatro acusados por una brutal agresión homófoba que tuvo lugar el pasado 14 de febrero en la zona del Monte Tossal, pero no considera probado que los mismos jóvenes a los que ha impuesto un año de prisión y una multa por gritar a las víctimas «maricones de mierda, os vamos a matar» y salir corriendo detrás de ellas armados con un palo sean los autores de la agresión que instantes después sufrió uno de los hombres, como sostienen tanto la Fiscalía como la acusación particular. Un ataque en el que con puñetazos, patadas y un palo le rompieron el fémur, el pómulo y la nariz, además de causarle daños en la mandíbula y múltiples contusiones de las que aún no se ha recuperado. Todo ello sumado a un estrés postraumático que le ha provocado miedo a salir de casa y a estar solo en la calle.
El magistrado Eugenio Alarcón, el mismo que absolvió al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi de tres delitos fiscales en una sentencia duramente cuestionada, aunque confirmada, por la Audiencia, entiende probado que los condenados se citaron con otros chicos (hay cerca de una decena de menores pendientes de ser juzgados por estos hechos) para «molestar y generar temor a homosexuales». Con esa intención se dirigieron a tres hombres que se encontraban en la zona «a los que increparon y persiguieron» (hay imágenes de una cámara de seguridad que así lo atestiguan) pero sin que el juez vea acreditado que esos jóvenes que salieron corriendo y armados detrás de ellos «fueran algunos de los individuos que persiguieron al agredido hasta darle alcance, ni que le agredieran con un puñetazo en el cara, ni con golpes propinados por un palo, ni de ninguna otra forma, ni que intentaran arrebatarle el teléfono móvil de sus manos», recoge la sentencia, contra la que cabe recurso.
El magistrado, al que el CGPJ impuso una sanción por el atasco de su juzgado y quien tras ese incidente llegó a firmar decenas de sentencias al día, mantiene que «no consta acreditado que ninguno de los acusados se encontrara en el lugar donde la víctima resultó agredido», pasando por alto el testimonio de uno de los amigos de los encausados quien, según consta en la resolución que él firma, declaró que «no estaba allí pero sí le contaron (los acusados) que habían pegado a unos gays, que Brayan (uno de ellos) le contó que le había pegado un puñetazo a uno y que habían quedado por Whatsapp». El juez apunta que la víctima no fue capaz de reconocer sin dudas a sus agresores. El ataque se produjo a las 20 horas, cuando ya era noche cerrada y en una zona poco iluminada.
«Solo para generar temor»
Para el magistrado, «que en la grabación se vea a un individuo con un palo, una barra o un objeto similar en la mano, puede ser solo para generar temor en las víctimas (...) y que finalmente ese palo, u otro, se utilizara para agredirles, no permite extender a todos los miembros iniciales del grupo la intencionalidad de agredir ni de sustraer nada (también le intentaron robar el móvil)». Y agrega que «tampoco la existencia de un grupo de Whatsapp del que formaban parte los acusados con otros individuos y las conversaciones reveladas en el mismo (donde hablan de si «hay algún gay por ahí» y «vamos a las ocho y llastá») constituyen prueba de un concierto previo entre ellos para agredir homosexuales sino que solo muestra burla y menosprecio hacia los gays».
Así las cosas, el juzgado no ve motivos para condenar por las lesiones (incluso puntualiza que uno de los acusados «les lanzó una piedra sin llegar a alcanzarles») dejando la petición de más de cuatro años de cárcel por los delitos de odio, lesiones y el intento de robo del teléfono planteada por la fiscal Margarita Campos, la mitad de lo que pedía la acusación particular representada por el letrado José Barragán, en un año y una multa de unos 1.400 euros y 600 de indemnización únicamente por el cargo de odio.
El juez acuerda al mismo tiempo anular la prohibición que existía de que se acercaran a las víctimas los acusados, uno de los cuales ha defendido el letrado José Soler.
El abogado de las víctimas: «¿Qué más pruebas necesita el juez?»
«¿Qué más pruebas necesita el juez cuando hasta amigos de los acusados han contado lo que pasó?». Quien se hace la pregunta es José Barragán, el abogado de las víctimas, que no sale de su asombro por el hecho de que el magistrado no vea lo que es evidente: «que los acusados que persiguieron a estos tres hombres fueron quienes apalearon brutalmente a uno de ellos». El letrado, que va a recurrir el fallo, lamenta que, frente a lo que él pidió, el magistrado Alarcón no haya acordado la prohibición de los condenados de acercarse al Monte Tossal, un lugar frecuentado por homosexuales donde se produjo el ataque. «Y no lo digo por mi cliente, que no volverá a ir, sino para evitar que vuelva a suceder».
