La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un acusado de amenazar a su pareja en Relleu y disparar dos veces pero le ha absuelto de delitos de malos tratos, tenencia ilícita de armas y depósito de armas de guerra. La Fiscalía y la acusación particular pedían sendas penas de 12 y 17 años y medio de cárcel. El acusado, defendido por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella, tenía en su domicilio un fusil de asalto, dos pistolas, dos revólveres y munición, pero la Audiencia le ha absuelto de este delito al declarar la nulidad del registro realizado por la Guardia Civil y por consiguiente de las pruebas obtenidas en la finca del investigado, según una sentencia de la Sección Primera. El fallo señala que el registro debió realizarse con el detenido presente o con autorización judicial, pero no exclusivamente con el consentimiento de la mujer del procesado.
La expareja también le denunció por maltrato habitual, un delito por el que también ha resultado absuelto al estimar el tribunal que no ha quedado acreditado que el procesado intentara estrangular a su mujer mientras mantenía sobre su cabeza una motosierra encendida, entre otras situaciones denunciadas por la víctima.
El acusado está considerado como peligroso por la Guardia Civil y según la sentencia tiene una condena anterior en Holanda, su país de origen, a diez años de prisión por homicidio doloso, posesión de armas y tráfico de drogas.
El procesado, de 57 años, llegó a estar acusado de tentativa de homicidio por un juzgado de La Vila Joiosa tras su arresto en 2018, pero su abogado defensor logró que el juzgado decretara el archivo de esta imputación porque no se pudo concretar la trayectoria de las balas mientras su mujer huía en plena noche por el campo en un paraje montañoso de Relleu.
Los hechos declarados probados ocurrieron el 13 de agosto de 2018 en la partida Xauxest de Relleu. El acusado vivía en su chalé con su entonces mujer y un hijo en común de dos años. La pareja mantuvo ese día una discusión en la que la mujer le comunicó su intención de dejar la relación y de abandonarlo.
El procesado no pareció aceptarlo porque reaccionó apuntándole en la cabeza con una pistola «al tiempo que le decía que la iba a matar, que nunca iba a bajar la montaña, que le iba a quitar a su hijo y que iba a matar a los perros». Estas amenazas, según la sentencia, las realizó con ánimo de amedrentar a la pareja y «en un contexto de dominación y superioridad del hombre sobre la mujer».
Tras ser amenazada con la pistola, la mujer se sintió «fuertemente asustada» y huyó de la vivienda por una ventana». Mientras escapaba corriendo, el acusado realizó dos disparos con un arma, pero recoge la sentencia que no se ha podido determinar su trayectoria.
El acusado fue detenido por la Guardia Civil sobre las 22.10 horas de ese mismo día, cuando se dirigía andando con su hijo a la casa de un vecino donde se había refugiado su mujer. Agentes de la Benemérita acudieron a la vivienda del procesado con autorización de la mujer, que les facilitó las llaves, y en la entrada al chalé localizaron dos casquillos. La vivienda fue precintada y custodiada hasta el día siguiente para realizar la inspección ocular y en el registro se encontraron dos pistolas, dos revólveres y un fusil de asalto, armas que tenían borradas o alteradas su numeración.
El tribunal de la Sección Primera no considera probado que el acusado intentara estrangular a su pareja en una fecha no determinada, ni que lo hiciera mientras mantenía sobre su cabeza una motosierra encendida. Tampoco estima acreditado que le agrediera, amenazara con matarla a ella y a su familia y que la sometiera a constantes malos tratos físicos, psíquicos y sexuales.
La Audiencia concluye en la sentencia que procede declarar la nulidad del registro del chalé de Relleu y de las pruebas obtenidas -los revólveres, pistolas y fusil de asalto- para acusar al procesado de tenencia ilícita de armas y depósito de armas de guerra. El abogado defensor alegó que el registro fue consentido por la pareja del acusado, quien tenía «intereses contrapuestos» con el procesado por haberlo denunciado por amenazas y tentativa de homicidio. Además, el acusado estaba detenido y la Guardia Civil no le permitió estar presente en la entrada y registro de la vivienda, según planteó el abogado Galiana Botella. Para la Audiencia, el consentimiento de la pareja era «insuficiente a la vista del claro conflicto de intereses que mantenía con el investigado» y por tanto era necesario en este caso una autorización judicial de entrada y registro del domicilio donde vivía la pareja.
La Fiscalía y la acusación particular alegaron que no se realizó una entrada y registro, sino una inspección ocular para encontrar vestigios de los hechos denunciados. Sin embargo, la Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo reconoce «la protección constitucional propia del domicilio al jardín de un chalé que circunda el mismo, aunque la puerta de acceso esté abierta». En el caso de Relleu, las armas estaban escondidas en una zona exterior de la casa. El tribunal precisa que la parcela tenía su valla y se practicó una «verdadera entrada y registro, a la vez que una diligencia de inspección ocular», aunque no existía consentimiento del titular del domicilio ni una resolución judicial autorizándolo.
