El asesino de la cocinera de la cárcel de Tarragona cumplía pena por matar a una prostituta

En abril de 2016, Iulian S.O., de origen rumano y entonces de 41 años, asesinó a una prostituta, de 47 años y de la misma nacionalidad que él, tras degollarla con un cuchillo. Estaban en un piso de Valls y el condenado, que había bebido varias botellas de vino, se puso violento ya que ella no quería enseñarle unas fotografías en el teléfono móvil. Por eso la golpeó y mató. Tras el crimen, el hombre se entregó a la Policía Local de Valls.

Iulian ingresó en prisión provisional por este crimen y dos años después la Audiencia de Tarragona lo condenó a 11 años de cárcel por asesinato con alevosía. Se tuvo en cuenta que había confesado el asesinato y el elevado consumo de alcohol para imponerle la pena, ya que antes de arrancar el juicio la Fiscalía solicitaba 20 años de cárcel. «Si no fuera porque estaba tan bebido, eso no habría pasado», aseguró en el juicio el condenado, quien también pidió perdón.

En su escrito, el fiscal remarcó que en 2015 el criminal había conocido a la mujer, que era prostituta, por anuncios de internet y habían tenido varios encuentros. Él se enamoró de lla y le pidió que abandonada la prostitución pero ella se negó. En abril de 2016 volvieron a verse en un piso de la calle Muralla del Castell en Valls y, tras una discusión, él la mató.

El condenado cumplía condena en la prisión de Mas d'Enric y por su buen comportamiento durante años había optado a ser uno de los internos de confianza que trabaja en la cocina, en la que hay instrumentos peligrosos como cuchillos. Tuvo que pasar una formación de manipulación de alimentos para conseguirlo, ganaba un sueldo y estaba adaptado al centro, aunque estaba en el módulo de delincuentes peligrosos, según fuentes penitenciarias. 

Este miércoles sobre las cuatro de la tarde, Iulian atacó a Nuria L., una trabajadora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), que era cocinera en el centro. Lo hizo con un cuchillo en una de las cámaras frigoríficas y acabó con su vida. Luego se mató degollándose con el mismo cuchillo. Nadie sabe las causas y los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación. Fueron los compañeros de la cocina de la prisión los que encontraron los cadáveres y avisaron a los servicios de emergencia. El juzgado ordenó el secreto de las actuaciones.

El juzgado de Instrucción 3 de Tarragona en funciones de guardia investiga este crimen en la cárcel de Mas d'Enric. La comitiva judicial, con magistrado, fiscal, letrado de la Administración de Justicia y forense, practicaron el levantamiento de los cadáveres entre las 18:00 y las 20:00 de este miércoles. La causa queda abierta pendiente del correspondiente atestado del cuerpo de Mossos d'Esquadra. El juzgado ordenó el secreto de las actuaciones. El interno que asesinó a la cocinera liquidaba su condena en 2027.

Apoyo institucional

Se han convocado concentraciones de rechazo al crimen y minutos de silencio en todos los centros penitenciarios este jueves al mediodía. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales Amand Calderó se han desplazado a la prisión de Mas d'Enric para acompañar a los trabajadores y añadirse al minuto de silencio. Las banderas de todas las cárceles ondean a media asta en señal de duelo.

Justícia remarca quiso hacer extensivo "el pésame a los profesionales del ámbito penitenciario en unos momentos muy complejos" y comparte "la tristeza y el dolor" por este crimen. Además, indica que el equipo de Mas de Enric "actuó con la máxima profesionalidad y cuidado, como siempre hace". 

La consellera y el secretario estuvieron presentes en la cárcel este miércoles por la tarde y solicitaron la atención de un equipo de psicólogos para los trabajadores. “Estamos delante de unos hechos muy graves. Los mossos se han hecho cargo de la investigación y ahora debemos dejar trabajar a los profesionales”, dijo Ubasart 

Quejas sindicales

Este crimen en Mas d'Enric es un punto de inflexión para todos los sindicatos penitenciarios que llevaban años denunciando el incremento de la violencia en las cárceles catalanas, tanto de presos entre ellos como contra el personal que trabaja. Por eso han convocado una protesta frente a la Secretaria de Medias Penales en la que reclaman depurar responsabilidades.

Los sindicatos penitenciarios a nivel nacional, CSIF, Acaip-Ugt, CCOO y Confederación Intersindical Galega emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que "la violencia en las prisiones es una constante en las distintas administraciones penitenciarias del Estado: a diario los trabajadores penitenciarios sufrimos agresiones amenazas y todo tipo de insultos y faltas de respeto".

Sin emembargo, remarcan que con el crimen de la cárcel de Tarragona "se ha cruzado una línea que nunca se había cruzado en nuestro país; nunca un interno había asesinado a un/a trabajador/a penitenciario". Por eso, quisieron mostrar su apoyo a familiares y amigos de Nuria e instan a las administraciones a "reflexionar sobre la política que se sigue en los centros penitenciarios; el aumento de la conflictividad ha llegado al punto donde no queríamos que llegara".

Más agresiones

Por su parte, Acaip Catalunya apuntan a los representantes del Departament de Justícia como los "culpables" del crimen, "más después de hacerse públicos los datos de agresiones del año 2023, con 582 trabajadores agredidos (1,6 por día), un incremento del 54,4% en incidentes graves (con 105 trabajadores heridos de consideración grave o muy grave) y un incremento de agresiones desde el año 2016 del 285%". 

"Hace tiempo que lo venimos advirtiendo, no podemos normalizar las agresiones. Estamos viviendo una escalada de violencia intolerable en prisiones, que sólo podía terminar de la manera que tristemente ha sufrido nuestra compañera", señala el sindicato, que pidió la dimisión de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales Amand Calderó.

También CCOO expresó su rechazo por este crimen y lamentó las "repetidas agresiones" que sufren los trabajadores penitenciarios catalanes desde hace mucho tiempo. Por eso pidieron "medidas urgentes y efectivas al Departament de Justícia para acabar con esta lacra" y destacaron que la administración "no solo no reduce el peligro, sino que lo aumenta", ya que "no protege la integridad de los trabajadores ni los internos".