La Audiencia Provincial de Alicante ha dejado en evidencia a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid al no admitir el recurso de súplica que presentaron los fiscales José Grinda y Juan José Rosa contra el auto que invalidó las citaciones a 23 investigados de la trama rusa de blanqueo por haberse realizado fuera del plazo de instrucción y que provocó que la juez de Benidorm dejara en suspenso el archivo que había decretado para 18 implicados en la causa.

La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha dictado este jueves un escueto auto para pronunciarse sobre el recurso de súplica de la Fiscalía y señala que no procede su admisión «al no ser dicho auto susceptible de recurso». Por ello, el tribunal ni siquiera entrar a valorar las cuestiones planteadas por los fiscales anticorrupción. Estos solicitaban que no se invalidaran las citaciones de los investigados en la trama rusa de blanqueo a pesar de acordarse dos meses después del plazo legal de instrucción. Dicho plazo no lo prorrogó la juez del caso, pero tampoco lo instó la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid.

Tras esta inadmisión del recurso de la Fiscalía, lo previsible es que la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm anule la suspensión del sobreseimiento libre decretado para 18 investigados al ser citados fuera de plazo porque no se prorrogó la instrucción en la fecha prevista. La juez dejó en suspenso el archivo definitivo mientras se resolvía el recurso de la Fiscalía y también paralizó el levantamiento de las medidas cautelares acordadas a raíz de las detenciones realizadas por la Policía a finales de 2020.

Además de los 18 exculpados, la juez ya había decretado el pasado febrero el archivo provisional para otros cinco implicados y ahora había decretado el sobreseimiento libre. Actualmente quedan una decena de investigados de los más de 30 que había inicialmente.

Entre las medidas cautelares levantadas por la jueza del caso figuran la devolución de más de una decena vehículos, del dinero que tenían en las cuentas los investigados y el alzamiento de embargos y de la prohibición de disponer de cuatro inmuebles en Altea, dos en Cambrils y uno en Ibiza. También acordó la devolución de relojes de lujo y joyas incautadas en los registros.

Por otro lado, la Policía Nacional ha emitido un informe donde vincula a una jueza que estuvo en el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm con un chivatazo a algún miembro de la trama rusa que investigaba su compañera del juzgado de Instrucción 1 y fue avisado de que iba a ser detenido junto a más personas, según publica El Confidencial. Dicho informe fue entregado el pasado julio y se refiere a supuestos vínculos de dicha jueza con delincuentes de países del Este de Europa. La Policía, según El Confidencial, concluye que se pudo cometer un delito de revelación de secretos y ha presentado un informe ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.

El abogado de esta jueza, Francisco González, ha explicado a este medio que no tienen constancia de dicho informe ni de ningún procedimiento penal contra ella, destinada actualmente en Madrid. Además, indica que «es terrible que se le implique con conversaciones entre terceros» y que le parece anómalo que «unos hechos de 2020 aparezcan ahora a mediados de 2022».