La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado penas que suman diez años y medio de prisión para el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellanos, por desviar cerca de 700.000 euros de subvenciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), según se recoge en el escrito de acusación presentado ante el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante para solicitar la apertura de juicio oral. El Ministerio Público considera a Castellanos autor de un delito continuado de fraude de subvenciones y ayudas en concurso con uno de falsedad y dos de administración desleal, uno de ellos en concurso con delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Las mismas penas de diez años y medio de prisión han sido solicitadas para otros dos acusados que estaban en la directiva de la RFET cuando se cometió el presunto fraude, el exgerente Miguel Pérez Otín y José María Pujadas, quien aún sigue como secretario general de la Federación Española de Taekwondo, que tiene la sede en Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido además sendas penas de dos años de prisión para la actual gerente de la Federación, Alicia Sancho, por dos delitos de administración desleal, uno de ellos en concurso con dos de apropiación indebida y falsedad.

El cuarto acusado en la causa es Victorino Pizarro, que fue presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana y que se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida.

Indemnizaciones

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita que Castellanos y los otros dos acusados de la directiva sean condenados a indemnizar al Consejo Superior de Deportes con 664.727 euros, dinero desviado presuntamente por los implicados. También pide que se declare como responsable civil subsidiaria a la Real Federación Española de Taekwondo. Como esta última entidad también ha resultado perjudicada por el desvío de fondos, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, se solicita que los tres acusados de la directiva indemnicen a la RFET en la cantidad de 387.817 euros, salvo que renuncie expresamente a ello la Federación. De este dinero se reclama que la gerente pague 75.081 euros.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que que la cúpula directiva de Real Federación Española de Taekwondo (RFET) estuvo defraudando al Consejo Superior de Deportes con las subvenciones públicas que recibía de este organismo y además realizó otras actuaciones irregulares con recursos propios de la RFET. Dichas irregularidades fueron denunciadas inicialmente por Eugenio Granjo, presidente de un club de Castellón, y posteriormente por la Federación Gallega de Taekwondo.

Gastos no subvencionados

La investigación abarca el periodo entre 2009 y 2016 y se acusa a Castellanos y a su equipo directivo de alterar las cuentas para recibir subvenciones del Consejo Superior de Deportes y destinar las ayudas a otros fines no contemplados por el CSD, como gastos que no se correspondían con las competiciones subvencionadas.

En uno de los casos recogidos por el fiscal, se indica que para el campeonato del mundo junior en México en 2010 la RFET "presentó una doble justificación para un mismo concepto, el alojamiento del equipo nacional en la ciudad donde se celebró". Asimismo, para un evento en Croacia en 2009 presentaron una factura de alojamiento para dicho open, cuando en realidad los gastos eran por viajes a El Cairo o a París, entre otros cargos.

El Ministerio Público afirma en su escrito que los acusados llevaron a cabo actuaciones «en beneficio económico propio y de terceros, defraudando las subvenciones concedidas por el CSD y en detrimento de los intereses patrimoniales de la RFET».

Una de las irregularidades objeto de la acusación de la Fiscalía contra la cúpula directiva de la Real Federación Española de Taekwondo es la duplicidad de documentación para justificar subvenciones públicas dadas por diferentes organismos. Además de las ayudas del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación de Taekwondo recibía otras subvenciones públicas y patrocinios privados y los directivos de la Federación «presentaron, en varias ocasiones, los mismos documentos justificativos a distintos organismos que financiaban actuaciones organizadas por la RFET».

Según el fiscal, la práctica más habitual de los acusados era presentar al CSD facturas dentro del Programa de Alta Competición y que en realidad correspondían a cargos sin correspondencia con la competición subvencionada. En uno de los casos investigados, la RFET presentó una factura de la agencia Viajes Ecuador por importe de 12.042 euros y aunque el concepto era para el desplazamiento en grupo para un campeonato en Holanda contenía gastos que no corresponden con dicha actuación, como la estancia en Madrid de Jesús Castellanos y su esposa y billetes de avión a Vigo para el Campeonato de España.

Irregularidades

La acusación pública también recoge en su escrito otras anomalías, como pagos justificados ante el CSD que no se llegaron a materializar, trasvases de fondos sin autorización, justificación de documentos de indemnización de carácter individual y facturación simulada en calidad de técnicos para pagar todos los meses a personal del organismo. El exgerente llegó a percibir cerca de 250.000 euros en varios ejercicios de forma indebida y el presidente casi 18.000 euros en tres años, según Anticorrupción.

El fiscal anticorrupción Pablo Romero recoge en un extenso escrito de 108 folios todas las presuntas irregularidades que será objeto de juicio y pide que se forme una pieza de responsabilidad civil para que los acusados presentes fianzas con el fin de asegurar la indemnización de casi 700.000 euros que se les pide. Asimismo, reclama que se ofrezca a la Federación Española de Taekwondo la posibilidad de personarse en la causa, donde ya está personado el Consejo Superior de Deportes. Las defensas y las acusaciones particulares deberán presentar ahora sus escritos en el juzgado.