Uno de los cabecillas de la manada de Callosa d’en Sarrià ha esgrimido las nuevas condenas previstas en la ley de «sí es sí» para reclamar a la Audiencia de Alicante su excarcelación. En plena polémica a cuenta de la reforma de los delitos sexuales, el tribunal que condenó a los acusados de la violación múltiple ha recibido una petición de dos de ellos para revisar a la baja de sus condenas de manera retroactiva amparándose en la reforma, mientras que un tercero ya ha anunciado que lo va a hacer en los próximos días.
El goteo de peticiones para actualizar las condenas sigue en la Audiencia alicantina, donde todavía no se ha planteado reunión alguna de los magistrados para unificar posturas. El presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, apuntó a que se convocará en función del número de solicitudes recibida. Aunque todo apunta a que esperarán a lo que se resuelva en un pleno convocado en el Tribunal Supremo para fijar doctrina.
La Audiencia de Alicante impuso penas que oscilaban entre los 14 y los 18 años de prisión a los cuatro acusados de una violación grupal ocurrida en el día de Año Nuevo de 2019 en la localidad de Callosa d'En Sarrià. El juicio se cerró con una conformidad en julio de 2021, donde los acusados se declararon culpables de los hechos y pidieron perdón a la víctima, abonando una indemnización de 60.000 euros. Los cuatro están en prisión desde su detención por estos hechos. Las atenuantes que se les aplicaron en aquel acuerdo son la clave en la que se apoyan para pedir la revisión de acuerdo a la nueva Ley de Libertad Sexual.
El fallo impuso a Álex Eduardo G. C. penas que sumaban 18 años de cárcel por cuatro delitos de agresión sexual, uno como autor de la violación y otros como cooperador necesario de la cometida por sus compañeros. Su defensa, el abogado José Luis Sánchez Calvo, asegura que antes de la reforma la horquilla en la que se movían las penas para castigar estos delitos eran de doce a siete años para uno de los delitos; y de cinco a dos para el otro. El letrado Sánchez Calvo argumenta que con el cambio legislativo las nuevas penas quedarían en una horquilla de entre un año y nueve meses a tres años y medio para un delito; y de seis meses a un año para el otro. Mientras la sala resuelve, reclama la excarcelación del reo de «manera inmediata» con las medidas que el tribunal considere oportunas, una posibilidad que, según el letrado, la propia ley permite mientras el tribunal estudia su petición.
También ha pedido una revisión de la condena Jonathan B. B., a quien la sentencia impuso penas que sumaban catorce años de cárcel. Su defensa ha planteado a tribunal que con la nueva ley en la mano la extensión de las penas es ahora inferior y, por lo tanto, se le deben aplicar de manera retroactiva.
A última hora de este viernes solo había dos peticiones de revisión presentadas ante el tribunal, fuentes cercanas a la defensa de Joffre G., el cabecilla de la violación grupal, señalaron que éste pretendía también sumarse también a esta solicitud. Las partes dan por seguro que al final los cuatro lo harán.
Por su parte, el abogado Francisco González que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima aseguró que objetivamente procedían las rebajas que estaban solicitando las defensas. «Es una paradoja que una ley que precisamente se hizo para perseguir agresiones sexuales como ésta vaya a servir para reducir las penas a los acusados», señaló. De momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre esta petición.
Mientras en otra sección de la Audiencia, este viernes se ha registrado una nueva petición de revisión de condena de otros de agresión sexual, con lo que ya serían cuatro las que están en estudio en estos momentos.
Testimonio de una víctima: «Es una ofensa que se rebaje la condena al violador»
Elena (nombre ficticio) fue violada por uno de los 182 delincuentes sexuales condenados en 2020 por la Audiencia de València. Tuvo que pasar el trago de la agresión sexual; luego, el frío paso por el hospital y la llegada de la Policía (dos agentes uniformados, en contra de lo que fijan los protocolos de protección a la víctima) y escuchar esa primera pregunta policial: «¿Qué llevaba usted puesto?" Buscaban pruebas para rastrear evidencias biológicas del autor, pero a ella le cayó como un jarro de agua fría porque le sonó «a culpabilidad».
Después, la tortura del juzgado y la instrucción, el interminable tiempo de espera y el juicio. Preguntas y más preguntas. Descarnadas, invasivas, reiteradas, que acaban por instalar en la víctima la sensación de que nadie la cree.
En su caso, su violador, que cuando sucedieron los hechos era concejal del PSPV en Massalfassar, cargo del que fue expulsado al inicio del procedimiento, en cuanto fue procesado, fue condenado a cuatro años de cárcel. Primero por la sección tercera de la Audiencia de València, en julio de 2020, y cuatro meses más tarde por el TSJ, que confirmó la sentencia inicial: cuatro años de prisión por abuso sexual y una indemnización de 10.000 euros a la víctima.
Hoy, con la ley del ‘solo sí es sí’, ese ataque sexual –aprovechó el semidesvanecimiento de la joven, tras haber ingerido dos copas, la última ofrecida por el acusado, para violarla mientras la llevaba en coche a casa de ella, pese a que dos amigos de la chica circulaban en un segundo coche tras ellos– ya no sería un abuso, sino una agresión sexual. Su sentencia no es revisable porque la pena fue tan baja –cuatro años– que está en el límite inferior del nuevo texto legal. Dicho de otro modo, más baja no puede ser.
Aunque la revisión no le afecte a su caso, está al tanto de la polémica, «aunque no mucho, no sé si por buscar distancia emocional y no volver a recordar al leer las noticias», apunta. Pero sí tiene una opinión sobre lo que está pasando: «Es una ofensa para las víctimas. Desde el principio buscamos un amparo que no encontramos. No tiene ningún sentido que se condene al violador a una pena y que ahora se le tenga que reducir», concluye.
Hay falta de perspectiva de género
Elena está convencida de que sí hay una parte de falta de perspectiva de género –«en mi juicio, la inmensa mayoría eran hombres»– y echa de menos «un mensaje unitario de las instituciones». Como profesional de la docencia, reflexiona: «No puede ser que estemos enseñando a los niños que no es no, que estemos corrigiendo conductas abusivas o machistas y que luego, en las noticias, vean el mensaje contrario desde los tribunales. No es un buen camino».
Sobre la necesidad de que tengan voz y voto en este proceso de revisiones, no tiene dudas. «Por supuesto que se debe escuchar a las víctimas. Si no nos escuchan a nosotras, ¿a quién van a escuchar?", se pregunta, para terminar con una petición: «Claro que la ley del ‘solo sí es sí’ es necesaria [su caso fue calificado de abuso y no de agresión porque no se tuvo en cuenta que no podía consentir el contacto sexual dado su estado de letargo, algo que ahora sí contempla la nueva ley], pero sobre todo lo que necesitamos las víctimas es el apoyo y la protección del ministerio y del resto de instituciones, incluidas las judiciales».
Información de Teresa Domínguez
