La Audiencia de Alicante excarcela a un violador preso en Villena al reducir la pena por la ley del "sí es sí"

El reo, cuya condena cumplía en octubre del año que viene, queda libre tras ajustar el tribunal la pena a la nueva legislación

Panorámica de la prisión de Villena, donde el reo estaba cumpliendo condena.

Panorámica de la prisión de Villena, donde el reo estaba cumpliendo condena. / Axel Alvarez

La Audiencia de Alicante ordenó este jueves la primera excarcelación en la Comunidad Valenciana por la ley del "sí es sí". Se trata de un recluso que estaba cumpliendo condena en la prisión de Villena  y que pasadas las 20 horas ha quedado en libertad. Un tribunal le impuso en 2010 penas que sumaban más de trece años de prisión por varios delitos, entre ellos haber violado en 2005 a una mujer que tenía empleada en su locutorio en una localidad de la Marina Alta. La Audiencia ha entendido que, tras la reforma legal, la pena de seis años que se le impuso por la agresión sexual se tiene que rebajar en dos años. El reo empezó a cumplir la condena el 23 de febrero de 2012 y debía salir libre el 17 de octubre de 2024. Al detectar la Audiencia que su condena ha quedado extinguida, el tribunal ordenó su puesta en libertad.

Se trata de la primera excarcelación que se produce en la Comunidad Valenciana desde que se inició la polémica por la reducción de condenas que ha supuesto la ley del «sí es sí». La Audiencia de Alicante estima que tiene más de 200 ejecutorias de sentencias por delitos sexuales susceptibles de ser revisadas. Aunque la ley ha agravado algunas de las condenas, en aquellos casos en los que se impuso la pena mínima se ha detectado que corresponde una condena inferior.

En el asunto ahora revisado, el procesado, entre los años 2005 y 2006, regentaba un locutorio y una carnicería en una localidad de la Marina Alta y cobraba 6.000 euros a otras inmigrantes de nacionalidad marroquí a cambio de facilitarles la entrada en España con documentación falsa. El fallo consideró probado que violó a una de las mujeres que trabajaba en su locutorio. En uno de los desplazamientos para llevar a la víctima en coche, se salió de la ruta y aparcó en una zona descampada donde comenzó a manosearla por todo el cuerpo, buscando tener relaciones sexuales. La mujer se negó, algo ante lo que el acusado reaccionó pegándola y amenazándola con dejarla tirada allí mismo, consiguiendo «con esas intimidaciones tener acceso carnal completo con ella». La declaración de la víctima fue prueba suficiente para el tribunal para condenarle, pero se le impuso la pena mínima. «La desproporción física entre la agredida y el acusado y al aislamiento y soledad del lugar elegido por éste, se concluye el cuadro en que se produjo el acceso carnal, que no era el más proclive para que la perjudicada pudiera ofrecer una resistencia superior a la negativa manifestada al comienzo de la agresión», relataba el fallo.

Según la Audiencia Provincial, tras la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, la condena que le correspondería por ese delito ha pasado de seis a cuatro años de prisión, más favorable para el reo. El tribunal entiende que procede su puesta en libertad al haber cumplido ya la pena ya que «a los penados les asiste siempre el derecho a que se les aplique la norma más beneficiosa, aunque sea posterior al momento de dictarse su condena» El tribunal ha invocado expresamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la violación de «la Arandina».

La decisión de la excarcelación, que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se notificó a todas las partes a última hora de la mañana. Pasadas las 20 horas el recluso abandonó la cárcel.

Tras la junta de magistrados celebrada la semana pasada en la Audiencia de Alicante para unificar criterios ante el goteo de recursos que se están recibiendo por parte de algunas defensas pidiendo la revisión de sentencias a cuenta de la ley del «sí es sí», los jueces ya advirtieron de que en aquellos casos en los que objetivamente correspondía una condena inferior con la nueva norma se iba a tener que rebajar la pena inevitablemente.

La Fiscalía rechaza la revisión en el caso del monitor de un colegio

La Fiscalía de Alicante ha rechazado revisar la ejecución de la sentencia del monitor deportivo de un colegio privado de Alicante condenado a diez años de cárcel por abusar de dos compañeras y violar a una de ellas. El reo cumple condena firme en el centro penitenciario de Villena desde hace un par de años.

Su defensa fue una de las primeras en plantear a la Audiencia de Alicante la revisión de la resolución para adecuarla a la nueva ley del «sí es sí».  Según su interpretación, por el delito de agresión sexual la reducción de la pena tendría que ser de dos años, dejando en cuatro los seis a los que fue condenado. En cuanto a los dos delitos de abusos, penados con dos años cada uno, no planteó nada.  

La acusación particular, por su parte, sostiene que con la nueva legislación la condena tendría que ser incluso superior a los diez años a los que fue condenado.Una vez oídas la partes corresponde ahora la tribunal de la sección tercera de la Audiencia decidir si reduce o no la pena.

La Fiscalía General ha establecido mediante decreto que «cada procedimiento deberá ser analizado individualmente huyendo de automatismos que impidan valorar las circunstancias de cada caso». Como regla general sostiene que «no procederá a la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma».

El PP exige a Puig que pida la destitución de Montero

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a su consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que se posicionen «ante la excarcelación de violadores que ha generado la Ley de sí es sí en la provincia de Alicante». Pérez lamentó que la situación de excarcelación "está teniendo efectos nefastos en la provincia". "Lo veíamos venir tras las nuevas medidas vergonzosas aprobadas por el Gobierno", señaló y pidió a Puig y a Bravo que se pongan en el lugar de las víctimas y se pronunciaran sobre la derogación de esta ley de la vergüenza".