Tres detenidos en Alicante y Toledo por explotación sexual de mujeres en pisos

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos proxenetas y ha liberado a siete víctimas de explotación sexual en viviendas de Madrid, Alicante y Toledo al desmantelar un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos. La red criminal captaba a las víctimas en sus países de origen, mayoritariamente Colombia, y se aprovechaba de su situación de necesidad. Les ofrecían unas condiciones de trabajo engañosas, como ganar 1.500 euros a la semana con clientes de alto nivel adquisitivo, y luego las obligaban a prostituirse. Las jóvenes prostituidas eran aleccionadas además para ofrecer droga a los clientes y el precio de los servicios sexuales lo fijaban los arrestados.

Las jóvenes debían estar disponibles las 24 horas del día y los responsables de la red las amenazaban si se negaban a ejercer la prostitución. La explotación sexual de las mujeres se llevaba a cabo en viviendas donde eran controladas mediante cámaras de vigilancia y en algunos casos llegaron incluso a encerrarlas en las habitaciones.

Dos de las detenciones se realizaron en los Miradores de Juan XXIII en Alicante y la tercera en Toledo. Dos de los arrestados han ingresado en prisión tras ser acusados por la Policía de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Además de las detenciones, la Policía registró tres domicilios en Alicante, Madrid y Toledo e intervino un vehículo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, tres cámaras de videovigilancia, unos 3.000 euros en efectivo, más de dos gramos de marihuana, una balanza de precisión para sustancias estupefacientes y documentación relacionada con la investigación.

De Murcia a Alicante

Según la Policía, el entramado criminal se asentaba inicialmente en el municipio murciano de San Pedro del Pinatar, pero luego se trasladaron a la ciudad de Alicante y se expandieron a la provincia de Toledo.

Una vez llegaban las víctimas a España, eran trasladadas a viviendas donde debían ejercer la prostitución bajo condiciones abusivas para saldar la deuda contraída por el viaje. Los integrantes de la red se encargaban de fijar el precio de los servicios sexuales y controlaban a las mujeres a través de cámaras de vigilancia.

Si se mostraban reacias a mantener relaciones sexuales eran amenazadas con palizas. Asimismo, los investigados publicitaban los servicios sexuales y atendían a los clientes a través de mensajería instantánea haciéndose pasar por las víctimas.

Las mujeres eran sustituidas cada pocos meses por chicas nuevas y ejercían la prostitución bajo multas y cobros por otros conceptos, además del pago del 50 por ciento de lo que se obtenía por los servicios sexuales. También debían encargarse de los gastos de manutención e incluso, en ocasiones, los involucrados no les daban ni tan siquiera la mitad de lo obtenido por prostituirse.

Una comida al día

Las víctimas eran extranjeras en situación irregular, con escasos recursos económicos y falta de arraigo en el país, todo ello con el fin de que tuvieran que someterse a las exigencias que les imponían los implicados. Eran captadas bajo la falsa promesa de obtener dinero para el sustento de sus familias y facilitarles la entrada en territorio nacional.

Las víctimas recibían únicamente la mitad de lo obtenido por los servicios realizados, lo que ni siquiera ocurría siempre, dado que eran los regentes del inmueble quienes gestionaban los cobros de su explotación. Debían estar disponibles las 24 horas del día, para lo cual realizaban una sola comida al día si resultaba necesario. Las salidas del local tenían un carácter muy excepcional.

Por otro lado, la Policía asegura que estaban aleccionadas para ofrecer a los clientes la posibilidad de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, al precio de 30 euros el medio gramo, aunque también marihuana. En el caso de que se presentara la Policía, tenían que decir que estaban alquilando habitaciones. Las recluían en la misma habitación, tanto para realizar los servicios sexuales como para dormir, en ocasiones incluso tenían que compartir la cama.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.