Seis detenidos en Benidorm y Aspe por estafar más de un millón con préstamos personales

La Policía Nacional de Elche ha detenido en Benidorm y Aspe a seis personas españolas de entre 24 y 32 años acusadas de formar parte de una organización especializada en estafas informáticas que se apoderó de más de un millón de euros a través de la contratación de préstamos fraudulentos.

La red ha estafado a al menos 52 víctimas y controlaba más de 60 cuentas bancarias. El grupo desarticulado realizaba ataques a entidades bancarias para vulneras sus sistemas de seguridad. Los seis detenidos quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial en Elche, incluido el cabecilla de la trama, defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentadas por una entidad bancaria en la Comisaría de Policía Nacional de Elche. El denunciante relató que los sistemas de seguridad informáticos de la entidad bancaria habían sido hackeados por terceras personas y gracias a ello se habían beneficiado de un préstamo personal por valor de 900.000 euros. La entidad bancaria activó sus alarmas y denunció los hechos ante la Policía al comprobar que se había concedido un préstamo de una cuantía tan elevada y que había irregularidades en las transacciones. Lo mismo ocurrió con préstamo de 50.000 euros.

La Brigada local de Policía Judicial de la Comisaría de Elche inició una investigación y descubrió que a través de unos servidores informáticos externos habrían abordado los sistemas de seguridad de una entidad bancaria para conseguir los 900.000 euros. Una vez dentro del sistema de la entidad se garantizaban que el préstamo solicitado era concedido por la cuantía que solicitaban.

Grupo especializado

Los agentes descubrieron que detrás de estos hechos estaba un grupo criminal perfectamente estructurado y especializado en estafas a través de internet, el cual operaba a ámbito nacional.

La formar de operar de este grupo fue evolucionando con el paso del tiempo. En un inicio estafarían a través de conocidas plataformas de compraventa de artículos entre particulares, utilizando técnicas de ingeniería social para obtener las claves bancarias de las víctimas y vaciar así sus cuentas bancarias. Asimismo, mediante llamadas o mensajes maliciosos haciéndose pasar por servicios bancarios conseguían obtener las claves de los estafados. Así, utilizando las identidades de los miembros del escalafón más bajo de la organización, habrían creado un entramado de cuentas bancarias nacionales y extranjeras, inversiones en criptomonedas y monederos virtuales con los que moverían el dinero estafado.

El cabecilla de la organización era el autor intelectual de la estafa. Permanecía en todo momento en el anonimato y daba instrucciones de forma telemática a su cómplice, que era el segundo eslabón de la cadena criminal, el cual se encargaba de aportar su infraestructura, coordinando y vigilando las operaciones de sus subordinados, conocidas en el argot policial como “mulas”, quienes recibían las cuantías estafadas y aportaban sus identidades. Todo ello a cambio de un 40% de beneficio de la cantidad estafada.

Extracción del dinero

Cuando los préstamos ya estaban concedidos y el dinero estaba ingresado en las cuentas bancarias propiedad de supuestas “mulas”, lo retiraban de manera fraccionada para no levantar sospechas, entregándoselo al supuesto intermediario de la trama.

En el transcurso de la investigación, los actuantes averiguaron que al menos 52 personas habían sido víctimas de otras estafas por parte de este grupo criminal, que actuaban a nivel nacional, siendo muy difícil su localización, ya que todos sus ilícitos eran realizados de manera on-line.

Tras arduas averiguaciones, los encargados del caso consiguieron identificar a los miembros de este grupo criminal, desplegándose varios dispositivos policiales simultáneos, uno en Aspe y otro en Benidorm, lugares donde de se realizaron los arrestos de los investigados. Los policías registraron varios domicilios de los arrestados e intervinieron gran cantidad de material informático, tarjetas de crédito y criptomonedas, así como diferente documentación que acredita la autoría por parte de los detenidos de los fraudes que se les imputan.

El valor de la estafas cometidas por el grupo es de 1.100.000 euros. La investigación ha revelado que organización criminal gestionaba más de 60 cuentas bancarias.