La investigación de la Guardia Civil de Alicante por las presuntas agresiones sexuales sufridas por una niña de 13 años durante cinco días seguidos el pasado abril en Crevillent no descarta que haya más víctimas, además de la denunciante inicial y otras dos jóvenes que luego han podido ser identificadas y se les ha tomado declaración, aunque no han presentado denuncia oficial por el momento, como ya publicó ayer este diario.

La acusación inicial de la Fiscalía contra los ocho menores detenidos y puestos en libertad por un juzgado el pasado martes se ciñe al caso de la niña de 13 años que tiene trastorno de espectro autista, pero el Ministerio Público tiene previsto tomar declaración a otras dos menores a las que también intentaron agredir sexualmente los investigados el pasado año. En función de su declaración podría ampliarse la acusación contra los menores, defendidos seis de ellos defendidos por los abogados Joaquín de Lacy, Moisés Candela y Enrique Giménez.

La menor de 13 años que confesó lo ocurrido a una orientadora de su instituto también comparecerá en breve en sede judicial para declarar y realizar una prueba preconstituida.

Acusaciones en redes sociales

Fuentes de la defensa señalaron ayer que los menores denunciados por la menor de 13 años están siendo objeto de una campaña de acoso en redes sociales, donde han difundido sus fotografías y acusaciones de ser «violadores» y «escoria»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mostró su consternación por lo ocurrido antes de expresar su confianza en que este episodio no sea una «consecuencia no deseada de la peor ley contra las mujeres que se ha promulgado en España», en referencia a la del «sólo sí es sí», según declaraciones recogidas por Efe.

Mazón afirmó que el Consell que preside actuará en «prevención», en reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el endurecimiento de las penas y en confiar en los consejos del «trabajo riguroso» de los expertos jurídicos, todo ello para «trabajar desde el rigor y seriedad». Añadió además que promoverá políticas preventivas en los centros educativos y que revisará la atención a los centros de menores.

A raíz del caso ocurrido en Crevillent, organizaciones que representan a las personas con discapacidad reclamaron ayer un plan nacional para prevenir y detectar abusos a este colectivo. «Necesitamos acciones concretas que incluyan la educación, la concienciación y el fortalecimiento de mecanismos de protección», afirmó en un comunicado la vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), Mar Ugarte.

El CEDDD «no entiende» la ausencia de este compromiso nacional cuando, según sus datos, un 80 % de las personas con discapacidad psíquica e intelectual sufrirán algún tipo de abuso a lo largo de su vida y solamente el 3 % de las personas de este colectivo son capaces de verbalizar el abuso sufrido. Según destacan, el 80 % de los estudiantes con discapacidad son víctimas de acoso escolar y el 40 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja, incluyendo el abuso sexual.