Los nuevos fiscales del caso Sala: la exjefa de Benidorm y un experto en delitos económicos

La que ha sido fiscal jefa del Área de Benidorm y Dénia durante una década y un fiscal especializado en delincuencia económica serán los encargados de representar al Ministerio Público en el nuevo juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez que está señalado para el próximo mes de mayo en la Audiencia de Alicante.

La Fiscalía Provincial ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la designación de Lourdes Giménez-Pericás y de Martín López Nieto para llevar la acusación pública en el conocido como caso Sala. 

Eso ha ocurrido después de que el teniente fiscal y encargado del mismo desde la instrucción, José Llor, haya presentado un escrito anunciando su intención de jubilarse el 1 de abril, tres meses antes de cuando le vence la prórroga de dos años que solicitó al cumplir los 70.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que en nombre del hijo de la víctima ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco, piden 24 años y medio de prisión para Miguel López, yerno de María del Carmen y a quien consideran único responsable del crimen.

La viuda del expresidente de la CAM fue asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 en el interior del lavadero de un negocio de automoción que regentaba el acusado, al que se le imputa un delito de asesinato y de otro de tenencia ilícita de armas. 

Unos cargos de los que el tribunal popular del primer juicio le declaró culpable en un veredicto que la entonces presidenta del jurado, la magistrada Francisca Bru, devolvió por una supuesta falta de motivación que nunca pudo ser constatada porque el documento se destruyó.

Esta fue una de las graves irregularidades que tuvo en cuenta el Tribunal Supremo para anular la sentencia absolutoria con la que tras un segundo veredicto se saldó el asunto. 

Este fallo contó con el beneplácito del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la resolución de la Audiencia de Alicante pese a advertir de que las cosas no se habían hecho correctamente. Pero fue revocado por el Supremo, que ordenó repetir el juicio con un tribunal popular y un presidente diferente, que para esta ocasión será el magistrado José María Merlos.

Para la designación de Giménez-Pericás y de López Nieto se ha tenido en cuenta su experiencia en juicios con jurado complejos (la ex fiscal jefa de Benidorm llevó el del asesinato del alcalde de Polop) y la especialización de López Nieto en asuntos económicos (acaba de presentar la acusación al Hércules por alzamiento de bienes) teniendo en cuenta el conflicto por cuestiones empresariales latente en la familia Sala en el momento en que se perpetró el crimen y que las acusaciones consideran el móvil del mismo.

Ambos fiscales contarán de entrada con la colaboración de Llor y podrán actuar conjunta o individualmente a lo largo de las 18 sesiones señaladas para la vista oral en función de la necesidad. 

Aún cuando el teniente fiscal no hubiera adelantado en esos tres meses su fecha de jubilación, la incorporación de otro acusador público a la causa se contempló desde un principio tanto por la complejidad de caso como por la imposibilidad de que Llor pudiera hacerse cargo de los recursos que se planteen tras el juicio y que sin duda llegarán una vez jubilado.

En un primer momento el propio Llor planteó que fueran los fiscales Anticorrupción, lo que llegó a abordarse en una junta, pero el fiscal jefe, Jorge Rabasa, ha considerado que estos "deben dedicarse preferentemente a los cometidos previstos en la normativa que regula su especialidad". 

En el caso de los dos fiscales designados también se ha tenido en cuenta que ninguno tuviera que asistir a otros juicios de especial dedicación en las fechas que está señalada la vista oral del caso Sala, que está previsto que arranque el próximo 3 de mayo y concluya el 26 del mismo mes. 

Comparecencias en Plaza de Castilla

En vez de los juzgados de Alicante, como ocurrió durante el primer proceso por el crimen de su suegra, Miguel López ha optado en esta ocasión por los madrileños juzgados de Plaza de Castilla para realizar las comparecencias quincenales acordadas por el magistrado José María Merlos.

 El presidente de tribunal del jurado del caso Sala acordó esta medida después de que el fiscal José Llor la solicitara para garantizar la presencia del acusado en el juicio que está señalado para el 3 de mayo.

Unas medidas cautelares apoyadas por la acusación particular, que está ejerciendo el hijo de la víctima, y que incluyen también la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. En realidad se trata de una reactivación de las mismas ya que seguían vigentes desde del primer juicio dado que la sentencia después anulada por el Supremo nunca llegó a tener firmeza. 

Aunque visita Alicante con asiduidad, Miguel López tiene fijada su residencia en Madrid, a donde se trasladó tras el primer juicio.