El juzgado reabre la causa por presunta prevaricación contra el exalcalde de San Vicente y le cita como investigado

El exalcalde y actual concejal socialista de San Vicente del Raspeig Jesús Villar tendrá que declarar el próximo mes de octubre en calidad de investigado por un delito de prevaricación administrativa denunciado por el jefe de los servicios jurídicos municipales por haber prorrogado por decreto, con dos informes en contra, el contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano del municipio. Así lo ha acordado la jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig en un auto fechado el pasado 28 de julio, donde decreta la reapertura de las actuaciones tras haberlas archivado en febrero de 2022. La Audiencia revocó dicho auto el pasado mayo al estimar el recurso presentado por el abogado Francisco González Fernández en nombre del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Ramón Cerdá, que presentó la denuncia en septiembre de 2021 por presuntas irregularidades en la actuación del que fuera primer edil de San Vicente.

Empresario

En el mismo auto, la jueza del caso ha citado también como investigado por los mismos hechos al representante legal de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de zonas verdes, firma que se opuso a la prórroga del contrato acordada por decreto por el alcalde.

El mismo día que tienen que comparecer los dos investigados, el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento declarará previamente ante la juez del caso como testigo, igual que un técnico municipal.

La reapertura acordada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig se produce dos meses después de que la Sección Décima de la Audiencia de Alicante estimara el recurso del denunciante y revocara el auto de sobreseimiento provisional de la jueza. El tribunal de la Audiencia señala en su auto que el juzgado sólo practicó como diligencia de investigación la reclamación del expediente administrativo denunciado y por tanto no puede afirmarse que no concurrieran indicios que justificaran la investigación de los hechos.

Tras examinar los hechos denunciados, la Audiencia indica en su auto que «no puede ignorarse la apariencia delictiva de la conducta en principio y sin perjuicio de que se abunde en la investigación». Asimismo, apuntó que los hechos «podrían constituir un delito de prevaricación por su aparente carácter arbitrario».

Según se recoge en el auto de la Audiencia, la prórroga del servicio de limpieza de zonas verdes acordada por decreto por Jesús Villar se realizó en contra de la voluntad de la empresa adjudicataria y en contra de dos informes de Contratación y Secretaría del Ayuntamiento de San Vicente.

Incide la Audiencia en que no se justifica «la arbitrariedad aparente de la resolución» por el hecho de que el alcalde no ocultara la existencia de informes desfavorables y que justificara su decisión en la necesidad del Ayuntamiento de prestar ese servicio a los ciudadanos para evitar el efecto negativo sobre las condiciones ambientales, sanitarias y ornamentales.

Seguir la investigación

La Audiencia respaldó así la petición del abogado Francisco González para continuar con la investigación y la jueza del caso, tras recibir un informe de la Fiscalía donde se solicitaban varias diligencias, señala que «a la vista de las nuevas actuaciones» se desprende la posible participación de Jesús Villar en los hechos denunciados y por tanto procede reabrir las diligencias previas.

Por contra, cuando archivó las diligencias la jueza destacó en su resolución que la actuación del exalcalde «no reviste caracteres del delito de prevaricación denunciado». En su auto de 2022, la jueza consideró «incuestionable» que la prórroga para mantener el servicio «redunda directamente en el interés general de San Vicente, ya que la no ejecución del servicio, «como se recoge en el informe del concejal de Medio Ambiente, afecta negativamente a las condiciones ambientales, sanitarias y ornamentales de la ciudad» y además supondría a corto y medio plazo «un perjuicio económico para las arcas municipales».

El mismo juzgado que ha tenido que reabrir la causa por orden de la Audiencia concluyó el pasado año que la resolución del entonces alcalde no puede ser tildada en ningún caso «como manifiestamente injusta, grosera o arbitraria» y tampoco supone un perjuicio al ciudadano y a los intereses generales de la Administración Pública.