El abogado del Ayuntamiento de San Vicente denuncia al alcalde y le acusa de prevaricar en un contrato de más de un millón de euros

Un hecho insólito. El jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Ramón Cerdá, ha presentado una denuncia en el juzgado contra el alcalde, el socialista Jesús Villar, por una presunta «prevaricación administrativa». La denuncia tiene su origen en las «irregularidades» que el letrado, que lleva 40 años como funcionario en San Vicente, asegura haber detectado en el estudio de la documentación y expediente del contrato de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano de San Vicente del Raspeig. Un contrato de servicios de algo más de un millón de euros al año; y que a través de un decreto de Alcaldía se prorrogó durante tres meses una vez caducado, a pesar de la negativa de la mercantil para continuar prestando el servicio. El caso se encuentra pendiente de resolución en el Juzgado de primera Instancia de San Vicente, que el pasado 13 de septiembre pidió al alcalde, Jesús Villar, que aportara el expediente del contrato cuestionado. 

Sobre la denuncia presentada, el letrado municipal advierte de que «he cumplido con mi obligación» y añade, «he detectado una irregularidad y la he puesto en conocimiento de la Justicia». 

Cerdá explica que durante el estudio del expediente administrativo ha detectado «que hay tres resoluciones del alcalde que están en contra de los informes del jefe de Contratación, de la secretaria y de la interventora, y sin ninguna justificación». Cerdá añade que no es justificación alegar «interés público» y alude a que «hay procedimientos para hacer eso y no prorrogar un contrato cuando la otra parte le está diciendo que no quiere continuar con una prórroga».

«Estoy tranquilo. Se hizo por decreto porque no había tiempo para que pasara por la Junta»

Jesús Villar

— Alcalde de San Vicente del Raspeig

El letrado ha estudiado todo el expediente para defender al Ayuntamiento contra la denuncia que interpuso la empresa que hacía una reclamación económica para realizar el servicio, aún pendiente de resolución. «He hecho una defensa en toda regla desde el Ayuntamiento, pero no puedo obviar que el alcalde ha dictado una resolución en contra del informe de tres funcionarios», advierte. 

Cerdá recuerda que «podía haberse hecho un procedimiento de emergencia y no directamente ordenar la prórroga con el ordeno y mando. Es lo que yo creo que es una cuestión delicada que puede incurrir en delito. He cumplido con mi obligación de ponerlo en conocimiento de los tribunales de Justicia, ahí se depurarán las responsabilidades», finaliza.

El alcalde, por su parte, no ocultaba su sorpresa de que el abogado municipal le haya denunciado y asegura sentirse «muy tranquilo». Sobre la prórroga del contrato indica que es algo «que se repite en prácticamente todos los ayuntamientos de España». Y, en este caso, explica que la continuidad forzosa del servicio se hizo por abocación de competencias y con un decreto del alcalde, algo «habitual cuando el asunto es urgente». En este caso, señala que la adjudicación del contrato no iba a llegar a tiempo y la prórroga se hizo por decreto «porque no había plazo para pasar por Junta de Gobierno».

El alcalde afirma «tener la conciencia muy tranquila porque he actuado en beneficio del Ayuntamiento. Era un contrato que había que seguir y tenemos los informes de los técnicos que indican que es un servicio esencial que no se puede dejar de prestar y se hizo esa prórroga de tres meses hasta adjudicar el contrato». De hecho, ya se ha adjudicado y el servicio lo presta Audeca, la misma empresa que lo realizaba y que presentó la denuncia.

Admite tener «sospechas» de que esta denuncia tiene relación con el caso de los WhatsApp de los ediles díscolos socialistas. «No puedo decir por qué hace esto el abogado. Pero sí sé que es evidente que hay una relación personal de amistad con una de las personas que está en esos WhatsApp. Y también es cierto que el abogado tiene tres demandas presentadas contra el Ayuntamiento en las que nos hace requerimientos económicos que no hemos atendido porque no tienen una base».

El alcalde cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, EU, que defiende el procedimiento seguido. «Ha actuado en defensa de un servicio público esencial», dicen. 

«He cumplido mi deber, he detectado una irregularidad que he trasladado a la Justicia»

Ramón Cerdá

— Jefe de los servicios jurídicos

Por contra, la oposición es muy crítica y tanto PP y Cs piden explicaciones. Para el portavoz Popular, Óscar Lillo, la denuncia «es muy grave». Exige a Villar que convoque a la Junta de Portavoces de forma urgente y extraordinaria para dar explicaciones a todos los grupo políticos sobre la denuncia por presunta prevaricación. 

«Consideramos muy grave que el alcalde se defienda acusando al propio denunciante de revanchas personales. A un trabajador del Ayuntamiento que debe velar por la seguridad jurídica de los actos que se llevan a cabo». Los Populares consideran que esta conducta por parte del alcalde puede generar indefensión y «nuevamente pone en jaque a los trabajadores municipales que pueden verse coartados a la hora de denuncia o reclamar cualquier asunto que les pueda afectar». 

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Pachi Pascual, ha lamentado que «San Vicente vuelva a ser noticia por investigaciones judiciales, por las peleas entre el alcalde y sus concejales y por la mala gestión del Partido Socialista al frente de un Ayuntamiento mal gestionado y peor dirigido». 

El portavoz recuerda que la admisión a trámite de una denuncia por presunta prevaricación administrativa del alcalde «es un hecho muy grave que demuestra lo mal que se está gestionando el Ayuntamiento, donde caducan multitud de contratos, se realizan prórrogas forzosas pese a la negativa de las empresas adjudicatarias y se aprueban asuntos con informes técnicos en contra, siempre jugando en el límite de la legalidad». Y añade: «llevamos mucho tiempo advirtiendo del riesgo que supone aprobar prórrogas forzosas en contra del criterio de los técnicos municipales, que son los garantes de la legalidad en nuestro Ayuntamiento».

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