Un perito de la defensa pone en duda el informe de Hacienda del caso Auto Salón

El técnico cuestiona que el atestado de la Agencia Tributaria se haya basado en un muestreo donde sólo se analizan operaciones con ocho coches

Los seis acusados en el banquillo en una de las primeras sesiones del juicio.

Los seis acusados en el banquillo en una de las primeras sesiones del juicio. / José Navarro

J. A. Martínez

J. A. Martínez

El juicio por el presunto fraude fiscal de Auto Salón ha entrado en su fase final en la Audiencia Provincial de Alicante. Este miércoles declaró el último de los peritos y el lunes empezarán los informes de conclusiones finales de las partes. En este interrogatorio final ha comparecido un perito de las defensas para cuestionar el informe del inspector de la Agencia Tributaria en el que se ha basado la investigación, declaración en la que se ha puesto en duda la legalidad del procedimiento.

En el banquillo se sientan seis acusados a los que se imputa el formar parte de un entramado de fraude fiscal en la importación de coches de lujo de segunda mano desde Alemania. La Agencia Tributaria sostiene que se hicieron deducciones indebidas de IVA entre los años 2004 y 2007 porque se usaron empresas sin actividad real para la adquisición en el exterior y en la que no se pagaba el impuesto.  El principal acusado es el responsable de Auto Salón, Juan Andrés C. P., para quien se piden penas que suman 44 años de cárcel.

El perito de las defensas cuestionó el informe de la Agencia Tributaria y sobre todo el hecho de que una investigación de este tipo se haya hecho centrándose en el análisis de operaciones con tan sólo ocho de los vehículos, un muestreo que consideró insuficiente cuando el volumen que se movía en el grupo rondaba los cincuenta millones de euros y con numerosas operaciones realizadas entre los años 2003 y 2007. Se trata de una técnica de verificación de la Hacienda española usado, entre otros casos, cuando el volumen de transacciones de un contribuyente es muy grande y en el que las operaciones se analizan al detalle. Las defensas consideran que había un volumen detallado de información, hasta 150 cajas llenas de documentos que hubieran permitido una investigación en profundidad.

Doble tributación

A juicio de este perito, para este caso concreto debería haber una trazabilidad de las operaciones. Asimismo, también cuestionó el que se haya exigido en un primer el pago del IVA tanto a las supuestas empresas trucha como al grupo Auto Salón, una práctica que supondría una doble tributación por el mismo impuesto. Las defensas plantean que los verdaderos autores del fraude fiscal son estas empresas que las acusaciones consideran pantalla y que ninguna de ellas está sentada en el banquillo, ni hay constancia de las investigaciones para determinar si efectivamente tenían o no actividad.

Otra de las deficiencias denunciadas por este perito durante el interrogatorio es la ausencia de documentación sobre el procedimiento administrativo por el presunto fraude fiscal que dio inicio a todo el proceso. El perito señaló que tan sólo se han aportado pantallazos del expediente. En este punto, se enzarzó con el abogado del Estado, que le replicaba que en el año 2004 las declaraciones ya se presentaban por vía telemática por lo que la documentación difícilmente podía ser otra cosa que pantallazos, hecho que este perito negaba. La denuncia se basó en el análisis de las declaraciones presentadas por las mercantiles implicadas del modelo 347, en el que se declaran las operaciones con terceros por importes superiores a 3.000 euros.

Antes de la comparecencia del perito de las defensas, compareció otro funcionario de la Agencia Tributaria y que reiteró el uso de empresas pantalla para llevar a cabo las adquisiciones de los coches de lujo en Alemania. «No tenían capacidad económica para llevar a cabo las compras de los vehículos», dijo. Este perito ha presentado dos informes por los que ha reducido la cuota de IVA supuestamente defraudada, que ascendía a más de ocho millones, al excluir algunas de las ventas entre las sociedades y que obligará a revisar a la baja estas cantidades. En este punto, la defensa preguntó si esta decisión supone que Hacienda da por buenas operaciones que hasta ahora estaba cuestionando.

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