Alicante, a la búsqueda del buen gobierno

Un derecho olvidado. La Universidad de Alicante ha reunido a representantes de cátedras de transparencia de toda España para fomentar la cultura del gobierno abierto y de impulsar una gestión pública transparente y de calidad. En el marco de estas jornadas se ha analizado la prometida Ley de la Buena Administración para la Comunidad Valenciana y que contempla el propio Estatuto de Autonomía. 

El derecho a tener un buen gobierno y unos servicios públicos de calidad parece haber sido dejada por las Administraciones Públicas, que no la colocan en los primeros puestos de la agenda política. Con el objetivo de reivindicar estos buenos modos de hacer política, representantes de cátedras de transparencia de toda España se reunieron ayer en la Universidad de Alicante con el fin de colaborar en el impulso de una gestión pública de calidad. Se trata del segundo encuentro celebrado para abordar este tema. Sobre la mesa estaba el proyecto de una futura ley de la Buena Administración para la Comunidad Valenciana y que contempla el propio Estatuto de Autonomía. 

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El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Juli Ponce Peré disertó sobre cuáles son los ejes sobre los que debe pivotar este futuro texto y que prevé el artículo nueve del Estatuto. Ponce señaló que aunque se ha hecho un importante despliegue legislativo para aplicar este precepto, de momento sigue habiendo un conjunto de normas dispersas y, a su juicio, sigue siendo necesaria una norma centrada en ese aspecto. Hay una ley para los conflictos de intereses en la Administración, otra por la que se pone en marcha la Agencia Antifraude y otra sobre el funcionamiento de los lobbies. Hay materia suficiente para hacer una específica en el buen gobierno y que podría dar unidad y coherencia a todas estas otras normas. En opinión de Ponce, esta dispersión provoca que el ciudadano no tiene una visión del derecho a una buena administración.

Durante la ponencia, el catedrático destacó que el trabajo de los jueces y de algunos defensores del pueblo, entre los que citó al Síndic de Greuges Ángel Luna que también asistió a esta jornada, estaban siendo los principales defensores de este derecho a una buena administración con sus resoluciones. «La idea es que se ha acabado la broma. Ya no es una cosa abstracta, Las sentencias empieza a poner consecuencias concretas», dijo. En esta línea, comentó que tanto los propios tribunales como el poder legislativo deberían ser objeto de estos controles para garantizar el cumplimiento de este derecho, de hecho ya ha habido condenas a España por deficientes funcionamientos de la Administración de Justicia.

En su opinión el concepto de una buena administración no residía tanto en gestionar bien o gestionar mal. «El concepto en el que debe usarse es el da la exigencia de diligencia debida y el debido cuidado», aseguró. 

Otros guardianes

A su juicio, hay otras administraciones que deberían tomas el relevo a los tribunales para garantizar este derecho, entre las que citó a las oficinas antifraude y los tribunales de cuentas.

La inauguración ha corrido a cargo de Altea Asensi Merás, vicedecana de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas de la Facultad de Derecho; Juan Llopis Taverner, delegado de la Rectora de Relaciones y Proyectos Institucionales; y Josep Ochoa Monzó, director de la Cátedra de Buen Gobierno y Transparencia de la UA. En este segundo encuentro han colaborado en la organización, Arancha Moretón, profesora de Derecho Constitucional y directora de la Cátedra de Gobierno Abierto y Transparencia de la Universidad de Valladolid, que fue una de las impulsoras de la red e Isaac Martín Delgado, catedrático de Derecho Administrativo, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla La Mancha y director de la Cátedra de Gobierno Abierto, que fue también el impulsor de la creación de la red.

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