El juzgado deja en libertad a los cinco menores acusados de una violación grupal en Dolores

Los jóvenes han estado ingresados en centros desde hace seis meses y el internamiento se ha sustituido por la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella

Imagen de la concentración celebrada en Dolores para protestar por la violación grupal a una menor de 15 años.

Imagen de la concentración celebrada en Dolores para protestar por la violación grupal a una menor de 15 años. / TONY SEVILLA

Los cinco jóvenes de entre 15 y 17 años que fueron internados a finales del pasado noviembre tras ser detenidos en Dolores por la violación grupal a una menor de 15 años cuando se encontraba en estado ebrio se encuentran en libertad desde hace poco más de una semana tras haber rechazado un juzgado la prórroga de su internamiento.

La acusación particular ejercida por la víctima solicitó al juzgado de Menores número 2 de Alicante la prórroga de la medida cautelar de internamiento al cumplirse el plazo de seis meses acordado inicialmente, pero ha rechazado la medida tras oponerse los abogados de los cinco menores, tres de ellos defendidos por el abogado José Luis Sánchez Calvo, y no solicitarlo la Fiscalía, que en cambio sí solicitó una orden de alejamiento.

En sendos autos del juzgado de Menores número 2 de Alicante donde se deniega la prórroga del internamiento de los menores se ordena su inmediata puesta en libertad y se sustituye la medida cautelar del ingreso en centros por la prohibición de aproximación a la menor a una distancia inferior a 200 metros a su lugar de residencia en Dolores o a cualquier otro lugar frecuentado por la víctima durante la tramitación de la causa.

Asimismo, los menores acusados de la violación grupal no podrán comunicarse con la víctima de ninguna forma, ni siquiera a través de terceras personas.

El juzgado que tramita la causa convocó a las partes hace más de una semana y la acusación particular solicitó la prórroga de la medida de internamiento de los menores porque la víctima tiene miedo y padece una presión social por parte del entorno de los jóvenes implicados en los hechos.

Revictimización

La acusación particular planteó asimismo al juzgado que el hecho de no prorrogar el internamiento provocaría la revictimización de la menor al ser un pequeño pueblo, además de considerar que la orden de alejamiento no garantiza de forma adecuada la protección física y psicológica de la adolescente.

Sin embargo, el juzgado recuerda en el auto que la prórroga del internamiento solo puede ser solicitada por la Fiscalía y no por la acusación particular. Para el Ministerio Público basta la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima y recuerda que aún están pendientes de recibir informes de Toxicología de Barcelona y varios informes periciales, por lo que aún faltan varios meses para que concluya la investigación y pueda celebrarse el juicio.

Por otro lado, el juzgado apunta que pese a ser muy graves los hechos denunciados no se han aportado nuevos datos que justifiquen la prórroga excepcional del internamiento hasta los nueve meses, tres más del máximo de medio año previsto en la ley. Igualmente, considera que la medida cautelar no puede configurarse como una anticipación de la pena que se les pudiera imponer tras el juicio y precisa que la evolución de los menores internados ha sido positiva.

Los jóvenes investigados alegaron tras su arresto por parte de la Guardia Civil que no forzaron a la menor de 15 años y alguno llegó a manifestar que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron consentidas. Los hechos ocurrieron en un descampado situado en las inmediaciones del polideportivo de Dolores, municipio donde los vecinos se concentraron para denunciar la violación. La plaza del Ayuntamiento acogió la protesta de decenas de personas que mostraron su indignación y repulsa por los hechos. El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, intervino en la concentración y dijo que «condenamos enérgicamente el caso de la agresión a una menor en nuestra localidad y queremos manifestar nuestro apoyo a la víctima y a su familia», a la que el Ayuntamiento ofreció apoyo psicológico.