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¿A qué puede llamarse universidad?

Las nueve instituciones valencianas muestran sus posturas ante el informe del Observatorio del Sistema Universitario, que solo aprueba a la UPV

Imagen de la Universidad de Alicante

Imagen de la Universidad de Alicante

¿A qué puede llamarse universidad? El informe que el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) hizo público hace una semana ha levantado cierta polvareda y ha puesto varios debates sobre la mesa, en un contexto en el que las universidades ya reclamaban más flexibilidad, más financiación y una ley que modernice la actual.

Según el OSU y como ya publicó este periódico, de las nueve universidades que forman el sistema valenciano, solo la Politècnica de València (UPV) cumple las exigencias actuales en cuanto a docencia, investigación y temporalidad del personal PDI, tanto según la legislación actual como la que prepara el ministerio que dirige Manuel Castells en un nuevo decreto.

El resto de las públicas se ven lastradas por la situación de sus plantillas (más de un 40 % de temporalidad del PDI), mientras que algunas privadas «pinchan» en la costosa investigación (no dedican más del 5 % del presupuesto ni desarrollan cinco proyectos en cinco años, entre otros puntos). En docencia, la mayoría sí pasa el corte de tener más del 50% de alumnos de grado y 10 carreras.

Pero, ¿qué tienen que decir las universidades en relación a los datos que recoge el informe y a los planes del Gobierno? Hemos preguntado su postura a cada una:

Universitat Politècnica de València

El rector de la UPV, Francisco Mora, presume de que la Politècnica sea la única valenciana que actualmente cumple todos los requisitos y trabaja «con la ley en la mano». «Estar entre las 18 españolas que cumplen las normas del Real Decreto de 2015 es el resultado del trabajo en equipo del profesorado, del personal investigador y del personal de administración y servicios». «Estos informes ven la luz gracias a la transparencia en la gestión que realizamos y que nos gusta que llegue a la sociedad», añade el rector. «Actualmente trabajamos, con cinco años por delante, para cumplir con los requisitos del nuevo proyecto de decreto que estudia publicar el Ministerio de Universidades», detalla.

Universitat de València

Desde la Universitat de València recuerdan que vienen de pasar un «contexto restrictivo desde una perspectiva económica y regulatoria» por falta de figuras contractuales de ámbito estatal y de un convenio colectivo con la Generalitat, además de la «contención del gasto» que supone la tasa de reposición implantada.

La UV recuerda que las universidades ya lo habían advertido y pide al Gobierno la «eliminación total de la tasa», además de nuevas figuras contractuales; políticas de igualdad y atracción y retención del talento; y de promoción y estabilización del profesorado temporal.

Por su parte, la Generalitat debería fijar ya el plan de financiación plurianual y firmar el convenio colectivo ya pactado, pero que el Gobierno no autoriza.

A pesar de las limitaciones, desde la UV explican que llevan a cabo una política de consolidación de su personal, «adelantando las fechas de consolidación del PDI, antes de la finalización del contrato», lo que continuarán cumpliendo, dice la rectora Mavi Mestre.

Universidad de Alicante

En la UA se alinean con las reclamaciones del resto de instituciones e inciden en que «el principal escollo viene derivado de los efectos de la eliminación de la tasa de reposición por la crisis económica de 2012, por lo que la subsanación pasa por el incremento de financiación para poder estabilizar las plantillas».

Universidad Miguel Hernández

La UMH de Elx ve «positivo» que se avance «en la calidad del servicio que se presta por las universidades y en la concreción de unos principios mínimos de calidad». Defiende que ha sido «ejemplar desde su origen en los esfuerzos para alcanzar la calidad exigible antes y ahora». «Cumplimos con creces los criterios en la oferta docente de estudios y en la actividad investigadora desarrollada», afirman.

Para cumplir con la temporalidad, piden igualmente eliminar la tasa de reposición, que es «extremadamente restrictiva». «Es incongruente que el ministerio pretenda avanzar en la calidad de las universidades, estableciendo exigencias en la composición de las plantillas, y a su vez no afronte el problema de la precariedad: parece olvidar las graves consecuencias que en el PDI supusieron las políticas de recortes de la pasada crisis», denuncian.

«El ministerio debe comprometer los recursos económicos necesarios para afrontar los nuevos retos» y valorar «las particularidades de las universidades de más reciente creación», piden desde la UMH.

Universitat Jaume I

Eva Alcón, la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) no duda en afirmar que las carencias que marca el informe son el resultado de «años sometidos a una tasa de reposición que no nos permite la contratación de profesorado».

Esto, se une «a la falta de la financiación necesaria para consolidar esas plantillas», añade la rectora de Castelló. Alcón recuerda que se trata de «dos aspectos críticos» que todas las instituciones reclaman «desde hace años y que esperamos que se puedan solventar lo antes posible, cuando el Consell avance en el nuevo plan de financiación y el Gobierno elimine las restricciones de la tasa de reposición».

Universidad CEU-UCH

En la Universidad CEU Cardenal Herrera creen que la pluralidad «enriquece el sistema universitario y, por tanto, caben en él diferentes modelos, siempre que todos respondan a las exigencias del siglo XXI». «Nuestros mayores esfuerzos se orientan a consolidar nuestra internacionalización, nuestra transformación digital y la empleabilidad de los egresados», explican.

Apuntan que «el borrador del nuevo Real Decreto no ha definido todavía cómo se calculan varios indicadores de investigación», —lo que también consideran en la UV— por lo que defienden que «cualquier medición actual tiene un carácter preliminar, en todo caso aproximado y basado en supuestos». Asimismo, explican que varias investigaciones que desarrollan son «interuniversitarias» —con el CEU San Pablo de Madrid y la Abat Oliba de Barcelona—, por lo que «es posible que algunos de los indicadores no están bien registrados».

Universidad Católica de Valencia

La UCV es una universidad joven que ha experimentado «un fuerte crecimiento en muy poco tiempo». Están en «proceso de consolidar lo conseguido». La investigación «ocupa una posición central» que ya da sus frutos pero aún no llega a «los niveles deseados». Ahora, el reto es «mantener el cambio» y «superar con holgura los requisitos mínimos» en esta área. Aún así, creen que «la situación de la UCV es más optimista que lo que refleja el informe». Tienen un plan estratégico para impulsar proyectos y cuentan con varios concedidos por el Gobierno, la UE, la Fundación La Caixa o la Generalitat, entre otros

Recuerdan que es la Administración la que debe velar por la calidad de las universidades —también las privadas— y comparten la idea de que «no se puede concebir una universidad que no desarrolle plenamente sus actividades de docencia e investigación», como apunta el Gobierno. «La UCV tiene la firme intención de ser una universidad, en un sentido pleno», manifiestan.

Universidad Europea

Desde la Universidad Europea de Valencia solo detallan que trabajan para superar los criterios: «estamos en disposición de adaptarnos al cumplimiento de las medidas que finalmente salgan aprobadas en el nuevo Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios que es una evolución del anterior, el RD 420/2015».

Universidad Internacional

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) explica que cumplen con los requisitos de 2015, que son «objeto de seguimiento continuo por parte del rectorado» y también superan evaluaciones como las de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), entre otros, además de contar con varias certificaciones de calidad, algunas que no tienen otras instituciones online.

«Destinamos recursos para el desarrollo de ejes estratégicos como la investigación y transferencia del conocimiento, la mejora tecnológica constante o el desarrollo de procesos de calidad y ampliación de nuestra oferta formativa online. Dichos recursos, año tras año se incrementan», exponen.

En el último año, el número de grados han aumentado un 31 % y también se ha visto «reforzada» la investigación (con un plan estratégico desde 2019), que «continuará impulsándose y ampliándose». De momento, los grupos de investigación «se han triplicado», detallan. Además, se ha incrementado un 53% la producción científica. Entre otras cosas, incluyen «incentivos» a la producción científica», apuntan.

"Las valencianas no destacan por estar peor que la media"

«Las universidades valencianas no destacan por estar particularmente mal». Así lo asegura Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario y una de las autoras del informe. Sacristán destaca que, a pesar de que solo la Universitat Politècnica de València está entre las 18 de toda España que cumple los indicadores, el resto «no tienen un exceso por encima de la media española en ninguno de los indicadores, no es que vayan excesivamente mal».

Como apuntan la mayoría de instituciones, la también exprofesora de Matemàticas en la Universitat Politècnica de Catalunya, detalla que la «infrafinanciación» es la causa de la «excesiva temporalidad y precaridad» de las plantillas, un punto que comparten la mayoría de públicas de todas las CC AA.

Eso sí, detalla que las valencianas no están «muy lejos de los mínimos del ministerio» y que esta precariedad no se ve en la formación del profesorado.

En cuanto a las privadas, la presidenta del OSU apunta que el problema que manifiestan también es «general», pero en este caso las valencianas sí están en investigación peor que la media. «Algunas tienen mucho personal a tiempo parcial y así se centran en la docencia, pero no investigan». Avanza que esta cuestión es «más difícil» de solventar, pues los resultados se ven con el tiempo. En cuanto a la pública, asegura que «solo hace falta poner más dinero» para revertir la temporalidad de los PDI.


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