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Un investigador de la UA analiza en el Congreso la ayuda al desarrollo

El profesor Carlos Gómez Gil comparece como experto ante el Parlamento de cara a la próxima ley de Cooperación

El profesor Gómez Gil, en el Congreso

El profesor Gómez Gil, en el Congreso

La Universidad de Alicante va a participar de la nueva Ley en proceso de redacción sobre la Cooperación y el Desarrollo, en la medida en que los grupos políticos tengan en cuenta las premisas apuntadas por el investigador y profesor titular Carlos Gómez Gil, invitado como experto para exponer ante el Congreso de los Diputados las fortalezas y debilidades de la actual ayuda al exterior. Es el único investigador que ha profundizado desde el punto de vista científico sobre unas políticas que, señala, «necesitan un profunda reorientación para mejorarlas», como explica a preguntas de este diario.

Gómez Gil, tras 30 años de investigación, alerta sobre la necesidad de contar con un «conocimiento crítico sobre la cooperación española» que valora especialmente en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos pero que suspende a nivel estatal. «Ningún otro país cuenta con esta descentralización y es muy importante», subraya, por el mayor conocimiento que implica sobre las necesidades, y el espacio de participación que aportan.-

Al respecto Gómez Gil plantea una «profunda reflexión» para que la cooperación de la etapa pos coronavirus «tenga en cuenta nuevas variables» ante el daño sistémico global que está suponiendo pero, especialmente, en los países más desfavorecidos, «con riesgos adicionales donde avanza la pobreza extrema y el hambre a niveles que no se veían desde hace 20 años».

La conclusión de su investigación la refleja en su propio libro, que aporta ante el Congreso: «Debates y controversias en la cooperación al desarrollo» y publicado por la UA. «Analizo el gasto que dedica España, hasta 275 millones de dólares al año, pero sin información alguna sobre su destino», alerta. Es algo más del 10% de toda la ayuda al desarrollo y hay que revisar también la cooperación vinculada a la migraciones y los refugiados. Entre estos últimos tienen el estatuto en vigor 20.457 personas. «Hace falta un examen de conciencia y mejorar la política de intervenciones, concluye.

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