La asociación AECU, que llevó a los tribunales la construcción de 1.300 vivendas ilegales en la huerta de Catral, exige en un comunicado que "se procese a los promotores y constructores culpables de esta situación y se les embargue las viviendas que tienen sin vender" para subastarlas y destinar los ingresos a pagar la ejecución de las infraestructuras a cuyo coste tienen que hacer frente los propietarios.
El presidente de AECU, Honorio Fernández, exige que paguen los verdaderos culpables entre los que incluye a propietarios que "sabían lo que compraban".
