Orihuela es una de las ciudades que aún cuenta con símbolos franquistas, con calles dedicadas a personas relacionadas con el régimen o a plazas que homenajean al dictador. Así, en el casco de la ciudad se puede pasear aún por las calles «José Antonio», «Antonio Pinies» (fundador de la Falange en Orihuela, precisamente es la calle donde está la casa natal del poeta Miguel Hernández), «Alcázar de Toledo», «Falangista S. Llor», «División Azul» o «Paseo Calvo Sotelo». Además en varias pedanías –como en Torremendo– está la plaza «Del Generalísimo» y en los antiguos juzgados aún se encuentra un escudo del régimen.

El PSOE ha iniciado una campaña de recogida de firmas, con hojas a disposición de los interesados en su sede de la calle Hospital e incluso mediante las nuevas tecnologías (en las páginas web del partido y en la red social «Facebook»). Las presentará próximamente en un pleno para que «se estudie la modificación de los nombres de las calles de clara simbología o connotaciones relacionadas con la dictadura de Franco». Los socialistas insisten en que estos símbolos «no sólo son una ofensa al régimen democrático, sino que su permanencia es simple y llanamente ilegal».

A este respecto citaron ayer en una nota de prensa que la ley establece desde 2007 que «las administraciones públicas estarán obligadas a retirar no sólo los símbolos franquistas que se conserven en las calles, plazas y edificios públicos, sino otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista».

Mujeres de la cultura

La concejala socialista Ana Mas explicó ayer que la propuesta de su partido al pleno es que esos nombres se sustituyan por los de «personas relevantes para la historia y la cultura de Orihuela, y de paso sugerimos que por compensación se intente que sean nombres de mujeres, por ejemplo el de Genoveva Gálvez, clavecinista oriolana» (intérprete de clavecín, instrumento de cuerdas y teclado).

Además, Ana Mas subrayó que «incluso ayuntamientos del PP, como el de Alicante, están aplicando la ley y no nos gustaría que el de Orihuela fuera el último, como ocurrió con el monolito», que fue instalado en la Glorieta Gabriel Miró después de la muerte del dictador y retirado en 2004 de noche, siendo alcalde José Manuel Medina.