El ex alcalde del PP de Guardamar del Segura Francisco García Gómez ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente con una pena de 18 fines de semana de arresto, multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros y el pago de la mitad de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo penal número 1 del pasado mes de marzo se refiere a unos hechos denunciados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el PSOE de Guardamar en 1999 y 2000, cuando el Ayuntamiento permitió en el vertedero del Pallaret el vertido, mediante cientos de camiones cisterna, de aguas fecales procedentes de fosas sépticas de la comarca cuya acumulación originó "una especie de embalse" que contenía unos lodos de aspecto viscoso, en un estado líquido pastoso, de color oscuro, de olor nauseabundo y en estado permanente de fermentación, según la sentencia.

En el proceso también estaba imputado el concejal del PP Luis Domingo Hernández, que en el momento de los hechos denunciados era edil de Medio Ambiente y Servicios, aunque finalmente ha sido absuelto. Inicialmente el ministerio fiscal solicitó tanto a García como a Hernández seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y costas.

Una de las razones que esgrime la sentencia para rebajar las penas solicitadas por la Fiscalía para los dos imputados radica en que está contrastado que los acusados intentaron resolver la situación al acordar el Ayuntamiento en pleno aprobar un protocolo de intenciones con la Conselleria de Medio Ambiente para la implantación de un vertedero de residuos inertes, así como por las sucesivas actuaciones de mejora.

Plan de impermeabilidad

Según la sentencia, el lugar del vertido no había sido sometido a un plan de impermeabilidad y el vertido, por la elevada temperatura, emitía vapores y burbujas a la superficie hallándose continuamente ardiendo, "lo que originaba una columna de humo negro de aspecto y color desagradable" así como "riesgo de incendio para las masas forestales" lindantes. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tenía en el vertedero un empleado municipal que se ocupaba de controlar los camiones cisterna que llegaban al lugar para descargar y cobrar por ello. Desde enero a mayo de 2001 la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en este concepto ascendió a 3.889.000 pesetas.

Tras las denuncias y la apertura de diligencias, el Juzgado número dos de Torrevieja acordó en octubre de 2001 la clausura del vertedero "al existir peligro para la vida humana así como para la flora y fauna existente". Los responsables municipales solicitaron que la orden quedase sin efecto ante "los importantes daños y perjuicios económicos" a las arcas municipales y "a informes técnicos que desvirtúan las alegaciones de toxicidad y peligrosidad vertidas de forma irresponsable". Sobre la incidencia en el medio ambiente por la actividad denunciada, el Seprona recogía en su informe que el vertido "se filtra a las capas del subsuelo originando un grave peligro de contaminación de las aguas subterráneas y posiblemente al río Segura a través de una rambla cuando llueve". Asimismo, se añadía, al estar rodeado el vertedero de terrenos de cultivo había peligro de contaminación de los productos.