El mensaje fue claro y preciso: "Pérdida de ética y corrupción de la clase política, derivada del urbanismo especulativo que financia a los partidos políticos". Esa fue una de las conclusiones de la jornada sobre Urbanismo Insostenible y Corrupción Política celebrada ayer en Almoradí, que ofreció una visión crítica del desarrollo urbanístico y la corrupción desde el punto de vista económico, judicial y político.

El magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín dibujó un panorama sombrío al analizar las aspectos más negativos de "la locura" urbanística que se ha cebado especialmente en zonas económicamente dependientes de la construcción como la provincia de Alicante. "No sólo porque la crisis mundial aquí tiene mayor incidencia. También porque se trata de un sector que ha ido en contra de un turismo que debe ser atractivo, sostenible y rentable". Un sector, aseguró el veterano jurista, que tiene mucho que ver en la aparición de mafias relacionadas con el tráfico de armas y drogas, y "todo, por el dinero fácil y la falta de escrúpulos", aseguró Pallín.

El magistrado alertó sobre la envergadura de la corrupción asegurando que "nunca una sociedad democrática ha sido derribada por el terrorismo, pero por la corrupción sí". Y fue más allá al relacionar la corrupción urbanística con entidades financieras "normales y legales" que "mantienen actividades paralelas en paraísos fiscales. La única forma de desactivar las finanzas ilegales y los paraísos fiscales es disminuir la corrupción, un negocio con infinidad de variedades". Tras destacar la "inseguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas" valoró que las penas de prisión no sólo deben ser aplicadas a aquellas personas no integradas en la sociedad "también por aquellas integradas que han alcanzando un alto estatus económico, y social, de conocimientos, pero que han fallado en lo ético y lo social dejando de lado la legalidad y cogido el atajo de actividades ilícitas".

Decomiso

En este sentido dijo que el Código Penal "se resistía" hasta ahora a que por este tipo de delitos se entrara en prisión. Sobre la legislación urbanística dijo sentirse "desmoralizado" porque muchas sentencias de derribo no se cumplen, por ello, y como vía alternativa apostó por que "se decomise el producto al igual que cuando se detiene a un traficante con un kilo de cocaína".