El diputado del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, manifestó ayer que su imputación por parte del titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela "pone fin a una situación de indefensión y acepta lo que he pedido, a través de mis abogados, para poder defenderme de acusaciones interesadas y que se han vertido con intereses políticos contra mi persona". Tras reiterar, en declaraciones a EFE, que no se le imputa nada y que no ha prestado declaración policial o judicial alguna, aseguró que el juez "toma la decisión que toma porque yo lo pido, y lo pido obligado a conocer unas circunstancias donde muchas personas juegan con mi nombre y mi reputación", añadió.
Amorós dimitió como portavoz socialista el pasado 10 de septiembre a raíz de que su nombre apareciera en los informes policiales del caso Brugal, que investigan supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.
El juez que instruye el caso, Carlos San Martín, ha imputado al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante en relación a las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. San Martín ha emitido un auto en el que desestima el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal "y acuerda tener por personado a Amorós en la cualidad procesal de imputado". El juez entiende que sería contradictorio que el diputado, que aparece en los informes policiales aportados al sumario, "no tuviera oportunidad, en igualdad de condiciones que el resto de partes ya personadas, de ser notificado de unas resoluciones en particular que forman parte de la causa y, obviamente, al no serle notificadas, no pueda articular recurso alguno, quedando excluido en una situación de desigualdad".
El magistrado indica que la situación de Amorós, que estaba personado como "interesado", era indefinida y especifica que la figura de "interesado" no está prevista en la legislación, por lo que concluye que sus garantías de defensa en igualdad de condiciones con el resto de las partes han de serle otorgadas a través de su personación como "imputado". En el escrito, sin embargo, no se especifican los delitos por los que se procede a su imputación, si bien el fiscal Anticorrupción, según consta en el sumario del caso Brugal, considera que Amorós podría haber sido criminalmente responsable de un delito de tráfico de influencias, revelación de secretos o información privilegiada facilitada por la autoridad a cambio de dinero y en beneficio de Ángel Fenoll.
Sociedades interpuestas
En el auto también se imputa a Jorge Sanz, asesor financiero y hombre de confianza de Fenoll, quien, según el fiscal, pudo haber asesorado al industrial oriolano en la búsqueda de sociedades interpuestas, así como en el irregular proceso de compra de Canal 37.
