La asociación de vecinos afectados por el PRI de Montepinar de Orihuela se opone a pagar el 82 por ciento de la instalación de la red de saneamiento de la que se beneficiarán también los habitantes de la segunda fase de la urbanización, pendiente de construcción desde hace años. Así lo explican en el escrito de alegaciones que el colectivo presentó el viernes pasado contra el proyecto de reurbanización de este núcleo.

Según el portavoz del colectivo, Ginés Gras, las alegaciones las suscribieron todos los miembros de la asociación, que aglutina a un 70 por ciento de los 200 residentes, aproximadamente, de la urbanización. Así, el proyecto contempla la instalación de alcantarillado para llevar las aguas residuales hasta la entrada a Orihuela por el Palmeral.

El portavoz aseguró que, en principio, las aguas se llevarían hasta el polígono industrial Puente Alto, puesto que la inclinación del terreno apunta hacia esta zona. Sin embargo, el transporte de aguas residuales hasta el Palmeral hará necesario instalar "impulsores" que encarecerán las obras, dijo Gras ayer. Además, los propietarios de la primera fase (unos 200) deberán costear el 82 por ciento del importe, mientras que los de la segunda (unos 500, según estimaciones de Gras) pagarán el 18 por ciento de la inversión.

Y es que los propietarios de las parcelas que forman la urbanización Montepinar, construida hace 30 años entre Orihuela y la pedanía de La Matanza, deberán hacer frente a los nueve millones de euros del proyecto, que se dividirán en proporción al número de metros cuadrados de suelo que se posean. Gras matizó que los residentes no pretenden que "el Ayuntamiento pague la urbanización". "La queremos pagar nosotros y por eso pedimos que bajen el precio", añadió.

Los asociados también alegaron que el canon se reguló "ex tempore". Es decir, fuera de tiempo. La ley contempla que el canon debería haberse aprobado junto al proyecto a ejecutar. Además, la ordenanza reguladora del canon ya debería incorporar los descuentos susceptibles de aplicar al coste que deberán asumir los propietarios en concepto de los servicios que ya están consolidados.

Objetarán contra el canon por separado

Aunque los miembros de la asociación han alegado conjuntamente en esta ocasión, las objeciones a la ordenanza reguladora del canon la harán por separado. Así, una vez conozcan el importe que deberá abonar cada propietario en concepto de obras, alegarán de manera individual. En este sentido, los residentes insisten en que se descuente del precio los servicios que ya están consolidados y cuyo coste ya asumieron al instalarlos. Uno de ellos es la canalización del agua potable, que se renovó tras las riadas de 1987. m. l. m.