El Ayuntamiento de Benijófar se desprendió de un suelo terciario a cambio de una zona verde por un acuerdo de permuta el 24 de marzo de 2010. Solo dos meses después, el 2 de junio y en pleno hundimiento de los precios del terreno por la crisis inmobiliaria, las fincas que dejaron de ser municipales experimentaron, ya en manos de una promotora de la zona, una espectacular revalorazación de más del 187%, casi el triple de su valor inicial.
La promotora los vendió a una empresa para construir un supermercado y albergar una zona comercial, en la urbanización Atalaya Park, junto a la carretera de Rojales, según se desprende de la documentación del registro de la propiedad de esas parcelas. En total, la empresa Urbamarina Rústica se hizo con 8.173 metros cuadrados, de los que 2.026 -el 25%- eran los que había recibido por permuta del Ayuntamiento, mientras los otros 6.113 metros ya eran de la promotora. Cuando se hizo la permuta todo el terreno, incluido el municipal, estaba valorado en 846.280 euros. Dos meses después los terrenos se vendieron por 2,4 millones de euros (más 380.000 euros de IVA) a una conocida cadena de supermercados que, rápidamente, comenzó las obras para poner en marcha su actividad, que ya está en servicio.
El Partido Popular estima que la merma para las arcas municipales ha superado los 700.000 euros (la cuarta parte del terreno comercial) y no se explica cómo un Ayuntamiento puede desprenderse de un terreno de uso terciario para dotar a una urbanización de una zona verde, que ya debería estar sobre el terreno, porque se trata de una cesión gratuita de los propietarios a través de la reparcelación que dispone la legislación y por la que una administración no debería, "pagar ni un euro", según explicó el concejal Luis Rodríguez.
Anticorrupción
"Las zonas verdes tenían que estar ya cedidas por el Ayuntamiento. Nadie ha aclarado ésto y hay un perjuicio para los intereses generales de los vecinos de Benijófar. Entiendo que estaba preparado desde hace tiempo y de antemano porque ninguna otra empresa podía tener acceso a esa operación".
El PP se plantea llevar el caso ante la fiscalía Anticorrupción. Rodríguez explicó que las incoherencias entre lo que disponía el Plan General de Ordenación Urbana en esa zona y lo que había sobre el terreno ya se saldaron con una permuta de suelo anterior. La necesidad municipal de realizar toda la operación, un auténtico galimatías para los profanos en urbanismo, estaba en que había que reordenar esta zona desde el punto de vista urbanístico tras la aprobación del Plan General. El problema es que la distribución de las parcelas de Atalaya Park tenía su origen en normas subsidiarias anteriores. El Plan General, a través del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución UE-8, situó zonas verdes en terrenos que los propietarios mantenían como urbanos con el anterior plan.
Puente del siglo XVIII
La citada zona comercial, junto a la carretera de Rojales y en la que se está levantando ahora otra nave, requirió además la demolición de un puente del siglo XVIII, que daba paso a una rambla, que baja desde las lomas de Ciudad Quesada hacia la huerta, para ubicar una rotonda de acceso en su lugar. Eso generó las protestas públicas de algunos vecinos. En este sentido el PP cree además que no se han adoptado las medidas para desalojar las aguas pluviales en esta zona.
"No nos dedicamos a especular, fue un proceso tasado"
El alcalde de Benijófar, Daniel Padilla (PSOE), explicó que el Ayuntamiento se vio en la necesidad de cambiar su suelo de 2.026 metros cuadrados terciarios por otro propiedad de una empresa de 2.592 metros porque el Plan General situaba el suelo de la urbanizadora dentro de una zona verde, en una anomalía que atribuyó a las normas subsidiarias anteriores a su mandato. Todavía así, dijo Padilla, el municipio ganó porque el suelo que recibe como zona verde es mayor que el que deja y la tasación de la finca que recibe, 394.000 euros, supera a la de 345.000 del suelo terciario. El alcalde explicó que cualquier operación de permuta realizada por un Ayuntamiento tiene que estar validada y supervisa por la Conselleria de Territorio que, en este caso, dio su visto bueno. Explicó además que la tasación se llevó a cabo por una empresa externa independiente.
Padilla dijo que no puede preocuparse por las operaciones que después se han realizado con los terrenos que recibe la empresa. "No nos dedicamos a especular y además lo que ahora ocupa esa zona comercial es sólo una cuarta parte del terreno municipal. Nosotros no podemos pensar qué operaciones se hacen después con los terrenos que se permutan". El equipo de gobierno, insistió el primer edil, no tiene por qué conocer qué destino se le va a dar a un terreno del que se ha desprendido, ni qué precio va alcanzar.
