Una juez de Torrevieja ha rechazado que el alcalde Pedro Hernández acuda a declarar de nuevo en relación a la compraventa de fincas de Almoradí, asunto que investigan los juzgados desde hace 6 años y por el que está imputado. La petición para que Hernández compareciera en sede judicial ha sido fue realizada por la acusación popular, representada por los dos ediles de Los Verdes de Torrevieja. Aunque el Ministerio Público no descartaba esta posibilidad hace unos meses, finalmente la juez Isabel Flores ha estimado que no es necesario que el alcalde, que no repite en el cargo en mayo, vuelva a declarar por este asunto.

El primer edil ya compareció ante el juez, el fiscal Anticorrupción y el letrado de la acusación popular, que en aquel momento ejercía el PSOE, en octubre de 2005 y fue preguntado por los detalles de la compra de 20 hectáreas de suelo rústico en 1997 por 180.000 euros que vendió en 2002 por 5,4 millones de euros. El juzgado lleva más de un año completando el sumario con nuevas diligencias a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que tras examinar la instrucción que le llegó de Torrevieja después de cuatro años, a finales de 2009 lo devolvió a la ciudad para que la jueza realizara nuevas indagaciones o archivara.

Esa decisión la adoptó el TSJCV porque es que la tiene competencias sobre cargos públicos aforados, como es el caso de Hernández que es diputado autonómico.

La juez sí ha aceptado una batería de diligencias presentadas por Los Verdes, formación que ha tenido que sortear gran número de inconvenientes para poder ejercer la acción popular, entre otros, presentar una fianza económica y presentar unos poderes especiales de representación, en un trámite que se ha prolongado durante meses. Entre las diligencias que sí se han aceptado está la de que el alcalde especifique algunos detalles de cómo pagó la finca, algo que su defensa mantiene que está en la causa desde 2005. Durante este año se ha tomado declaración a las mercantiles compradoras y vendedoras -todas vinculadas a la actividad inmobiliaria en Torrevieja- y se ha tasado por un perito el terreno objeto de la polémica. También se va a certificar la condición urbanística del suelo que se mantienen como rústicos.